Funcionaria de Qali Warma denunciada por presunto tráfico de influencias. Diana García Bonilla preside la Asociación de Fabricantes de Conservas del Perú (ASFACO) y al mismo tiempo es jefa en Qali Warma.
Una nueva denuncia en el Programa Nacional de Alimentación Escolar pone bajo la lupa a los altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En esta oscura historia de presunto tráfico de influencia, aparece el nombre Diana del Carmen García Bonilla, jefa de Unidad de Supervisión del programa Qali Warma, personaje que pasó de ser la presidenta de ASFACO a cortar el jamón en el MIDIS.
Para los oscuros funcionarios y piratas, Qali Warma es un gran cofre de oro, donde se maneja un presupuesto de más de 2300 millones de soles, dinero que debería servir para la alimentación de 4.2 millones de escolares. De ese gran presupuesto 93 millones también se destinanan para la atención de la atención de usuarios de ollas comunes y personas vulnerables. Aquí es necesaria una pregunta ¿qué pasa cuando la cabeza de estos programas de ayuda social está involucrada en un presunto tráfico de influencia? Pues los que se benefician no son los escolares ni las personas vulnerables, sino un puñado de gente que llega al gobierno para beneficiarse de las ayudas sociales.
En este grave caso, las evidencias son contundentes, debido a que la funcionaria del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Diana del Carmen García Bonilla, pasó de ser presidenta de la Asociación de Fabricantes de Conservas del Perú (ASFACO), a ocupar la jefatura de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación (USME) del programa Qali Warma, lo que evidenciaría un grave conflicto de intereses y la presunción de un esquema delictivo de organización criminal.
Según la documentación, la Asociación de Fabricantes de Conservas del Perú (ASFACO), la conforman, entre otras empresas del rubro, Empresa Industrial Don Martín SAC, Gabrinus Werner Rielp Wahi SCRL, Inversiones Varisa SAC, Esmeralda Corp SAC, Alfredo Lindley Russo, Qalitas EIRL, CAAS Alimentos y AM FOODS Y RAM. Siendo presidida por la cuestionada Diana del Carmen García Bonilla. Es decir, siendo funcionaria de Qali Warma, sigue realizando funciones como representante de ASFACO.
Este caso ha llamado la atención en el interior del propio Ministerio de Inclusión Social, es por ello que la Comisión de Fiscalización del Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entre otros organismos públicos han recibido la denuncia y vienen investigando el caso que involucra a Diana del Carmen García Bonilla, quien pasó de ser representante de una asociación ilegal de fabricantes de conservas, a jefa de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación (USME) del Programa Qali Warma, evidenciando un grave conflicto de intereses y una presunta organización criminal.
Diana del Carmen García Bonilla.
Cabe señalar, que, de acuerdo a lo consignado en la denuncia tramitada ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, la ASFACO no se encuentra inscrita en los Registros Públicos, por lo que toda acción realizada a nombre de dicha organización carece de legalidad. No es posible que esto se permitir en MIDIS, donde la presidenta Dina Boluarte fue la titular de esa cartera.
Sin embargo, diversos correos electrónicos entregados para la investigación, revelaría que la ASFACO habría gestionado la designación de Diana del Carmen García Bonilla como jefa de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación (USME) del programa Qali Warma, lo cual conformaría un serio conflicto de intereses y negociación incompatible, además de una presunta asociación ilícita y organización criminal cuyo objetivo es controlar los programas sociales.
Las penas por tráfico de influencias cometidas por funcionarios públicos pueden llegar hasta dos años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer un cargo público hasta por nueve años. Mientras que el delito de asociación ilícita es penado hasta con diez años de prisión efectiva. El gobierno debe erradicar todo viso de presunta corrupción.
