Desautoriza a fiscal Carlos Ordaya, quien para demandar la prisión preventiva de Nicanor Boluarte, pidió al «canero” Carhuancho no aplicar la nueva ley de crimen organizado.
En entrevista con Diario UNO, jurista expresa que prisión preventiva no procede en tanto el justiciable no representa un peligro, no se va fugar ni entorpece administración de justicia.
La nueva ley contra el crimen organizado es perfectamente constitucional y fue en respuesta precisamente contra los abusos, arbitrariedades e iniquidades que perpetraron fiscales y jueces en los últimos años, expresó ayer el doctor Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, e indicó que esa ley debe ser aplicada en forma irrestricta en los procesos judiciales en curso.
García Toma, en entrevista con diario UNO, de esa manera desautorizó al fiscal Carlos Ordaya, quien para demandar la prisión preventiva de Nicanor Boluarte y otros cinco acusados en el caso “Waykis en la sombra”, solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho no aplicar la ley 32018, la cual modificó hace unos días la ley 30077, con la que se sanciona el crimen organizado.
“El fiscal comete impericia e ignorancia com este pedido que atenta contra los principios de legalidad y constitucionalidad”, expresó el ex titular del TC y explicó que, si bien la Constitución permite a los jueces inaplicar algunas leyes, la ley orgánica del Poder Judicial precisa que eso solo puede proceder cuando los jueces van al fondo del caso, a dictar sentencia.
MÓVILES POLÍTICOS
El ex magistrado del TC lamentó y criticó que, en los últimos años, fiscales y jueces persigan “fines políticos y no jurídicos” como es el caso de los “Waykis en la sombra”, que compromete al hermano de la presidenta Dina Boluarte; a su ex de- fensor legal, el abogado Mateo Castañeda y otras cuatro personas, acusadas de traficar influencias para colocar prefectos y subprefectos en el interior del país. Precisó que Nicanor Boluarte puede y debe ser investigado, y eventualmente acusado, pero no deja de ser bastante sospechoso el secuestro del empresario Iván Siucho, quien reveló haber sido amenazado por sus seis secuestradores -entre ellos dos policías- quienes en forma reiterada le exigieron no colaborar con el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en el caso “Waykis en la sombra”. García Toma apunta que este hecho sospechoso se habría preparado para influir en la decisión que pueda tomar el juez Concepción Carhuancho, quien desde la semana pasada evalúa los fundamentos que tiene el fiscal Ordaya para solicitar la prisión preventiva, por 36 meses, de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y los otros
implicados en el caso.
JUEZ CANERO
El ex magistrado también advirtió sobre la propensión del juez Concepción Carhuancho por dictar prisiones preventivas a diestra a siniestra, peor aun cuando todas esas decisiones después fueron corregidas por las salas superiores, pero el daño ya estaba hecho contra las personas enviadas a prisión, las que pasaron varios meses mientras se tramitaban sus apelaciones para que puedan salir en libertad.
“La prisión preventiva no debe proceder en tanto el justiciable realmente no se va fugar ni entorpecer la administración de la justicia, ni tampoco se convierta en un peligro”, expresó al indicar que, en el caso de Nicanor Boluarte y los otros involucrados, “la prisión preventiva debe ser la última ratio que debe aplicar un juez”.
Anotó que, en los últimos años, fiscales y jueces han recurrido a la prisión preventiva “como una herramienta para demostrar eficacia y eficiencia contra la corrupción, pero en los hechos no se ha logrado nada significativo” y los que fueron detenidos después salieron libres. “Tengo entendido que al juez Carhuancho ya lo amonestaron por tomar los fundamentos del fiscal, sin revisarlos”, anoto.
García Toma afirmó que el juez Concepción Carhuancho tendría serios “problemas de personalidad” por su inclinación a aplicar la prisión preventiva en forma reiterada, por lo cual se le conoce como un “juez casero”.
AFÁN DE NOTORIEDAD
Igualmente criticó el proceder del fiscal José Domingo Pérez, acusador en el caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori y una treintena de dirigentes del partido Fuerza Popular, a quien denunció “por utilizar su cargo de fiscal con móviles políticos y afán de notoriedad”. “En las noticias de escándalos siempre están las vedettes, los futbolistas y los fiscales”, afirmó.
García Toma precisó que la presidenta de la República puede proponer políticas y acciones en
todos los sectores del gobierno, pero en cada sector sus decisiones deben ser convalidadas por el ministro respectivo.
Diviac fue una policía política
El ex presidente del TC, Víctor García Toma afirmó que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) se convirtió en “una policía
política”, utilizada para perseguir a los adversarios políticos, y los intentos de desactivarla se iniciaron con el anterior ministro del Interior, el general retira- do PNP, Walter Ortíz Acosta.
Ortíz Acosta apenas duró en el cargo mes y medio (entre abril y mayo pasado), y fue reemplazado por el hoy ministro Santiváñez, quien fue grabado por su amigo, el capitán PNP Junior Izquierdo “Culebra”, al que supuestamente le revela que fue nombrado en ese cargo por la presidenta Boluarte con el objetivo de desactivar la Diviac. Anotó que esta grabación es sospechosa, y fue planificada con meticulosidad y anticipación, como fue la participación del ex ministro del Interior, Carlos Morán para organizar un encuentro entre el entonces jefe de la Diviac, el coronel Harvey Colchado y el abogado Mateo Castañeda, quien fue grabado supuestamente solicitando la colaboración del alto oficial policial para ayudar a Nicanor Boluarte en las investigaciones que le seguían en la Diviac y el Eficcop.
