A una madre de cinco pequeños hijos, por el solo hecho de discutir con vecina, la encerraron 28 horas en un calabozo de 2.5 x 1.80 metros como si fuese un animal.
No vaya a ser que algún ministro despistado salga a decir que se trata de una “práctica cultural” de la comunidad porque aquí se está violando los derechos humanos.
Es insólito que en pleno siglo XXI todavía existen violaciones a los derechos Humanos. En regiones alejadas de Loreto, actualmente se enjaula a las mujeres como castigo, como si fuera un animal de zoológico ¿Dónde está el Estado?
En el distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón, región Loreto, se encuentra la pequeña comunidad Los Jardines. En este lugar prácticamente el Estado casi no existe y las normas de convivencia con sus respectivas sanciones y castigos, apenas se encuentran escritos en un simple cuaderno. Asimismo, la presencia policial es casi nula y los solemnes tribunales que usualmente vemos en la televisión cuando un expresidente sale a defender su inocencia son solamente imágenes lejanas para los pobladores de esta zona. Ahí la justicia está supeditada al buen o mal criterio de la decisión de un Apu, persona autorizada por la propia comunidad para que tenga la última palabra ante cualquier controversia.
Como en toda comunidad, sea esta grande o chica, siempre existirán los conflictos, desde un lío sentimental, una gallina extraviada, o una palabra mal entendida. Tal es el caso de Mirtha Chávez Chino (38 años), madre de cinco pequeños niños que fue condenada a pasar 28 horas en una pequeña jaula de 2.5 mts x 1.80 mts, cautiverio que sería más apropiado para un primate o quizás un oso hormiguero. El motivo de su encarcelamiento, tal como explica sin ahondar en detalles a un corresponsal de Lima Gris, se debe a que mantuvo una discusión con otra mujer y como consecuencia pasó 28 horas encerrada en esa precaria prisión, expuesta de manera indigna a la mirada condenatoria de los demás pobladores.
Notablemente acongojada por no poder ver ni atender a sus pequeños hijos, nuestro corresponsal la encontró sentada en una pequeña banca de madera instalada dentro de su diminuta cárcel, mirando al vacío y esperando que las horas transcurran rápidamente hasta que den la una de la tarde. Ella cuenta que apenas podrá salir por un instante para ir al baño y que luego volverá a ser encarcelada.
A Mirtha Chávez no le interesa ‘el qué dirán’, o que su estómago ruja por la falta de alimento; pues, solo le inquieta que el menor de sus hijos, quien la visita para pedirle comida, sufra por no tenerla cerca. “En la casa hay un sol”, indicó que le dijo a su niño que no paraba de llorar.
Ella comenta que la encerraron a las 6 de la mañana y que aún no ve el momento de volver a abrazar a sus pequeños hijos. Sin embargo, esa es la realidad en Andoas; lamentablemente este tipo de ajusticiamientos es una práctica costumbrista que se da durante décadas en muchas regiones alejadas de nuestro país ante el indolente abandono del Estado que siempre brilló por su ausencia. Solo basta recordar lo que ocurrió hace tan solo unas semanas en la isla Santa Rosa, ubicada en la zona limítrofe de Loreto y Colombia, y quien casi nadie conocía de su existencia. Aquella vez, la insolencia y malcriadez de un funcionario de la cancillería colombiana, que inició una disputa limítrofe, motivó que los ojos de los ministros de Perú recién dirijan sus ojos hacia esa pequeña comunidad.
Así como Santa Rosa, o la humilde comunidad de Los Jardines, cada vez se va acrecentando más la brecha entre el Gobierno Central y las regiones más alejadas y apenas la colocación de una banderita roja y blanca por Fiestas Patrias les recuerdan que pertenecen a un país llamado Perú; mientras el resto de 364 días del año; los “otros”, los “olvidados” son simplemente ciudadanos apátridas, excluidos y abandonados.
Desde el Congreso el parlamentario Guido Bellido sobre este caso señaló: “Es lamentable que el Estado tenga abandonada al pueblo en el territorio nacional, no debemos permitir ningún vejamen a ningún ciudadano”.
Esperemos que la presidenta Dina Boluarte y su ministra de la Mujer Poblaciones Vulnerables Ángela Fernández, no digan que esto es una “práctica cultural”, aquí se están violando derechos humanos y mancillando la dignidad de una mujer peruana. Mirtha Chávez es solo una de las decenas de mujeres que diariamente sufren este tipo de vejaciones en la amazonia ante la ausencia del gobierno.
