También enfrenta cuestionamientos de sectores del sindicato de la Contraloría que no están de acuerdo con su nombramiento
Contralor César Aguilar bajo escrutinio por ocultar transferencia de acciones César Aguilar Surichaqui, recientemente nombrado Contralor General de la República, se encuentra en el centro de una contro- versia tras ser revelado que omitió detalles cruciales en
su declaración jurada de intereses.
Un reportaje de Hildebrandt en sus trece expuso que Aguilar, quien fundó en 2013 la firma “Enrique Agui- lar Asesores Corporativos Especializados” junto a su sobrino José Aguilar Orderique, transfirió sus acciones a este último en 2018 antes de ingresar a la Contraloría. Esta omisión ha generado cuestionamientos sobre su transparencia y ética profesional.
El Congreso de la República ratificó a Aguilar en su cargo el 24 de julio, una decisión que algunos interpretan como una maniobra política de la Alianza para el Progreso (APP) para con- solidar el control sobre la Contraloría.
Fuentes internas sugieren que miembros de APP, incluido el secretario César Flórez Salinas, propusieron a Aguilar a la presidenta Dina Boluarte, quien habría sido acompañada por Aguilar en el Congreso.
La relación de Aguilar con figuras políticas clave añade una capa de sospecha sobre su nombramiento y la influencia política en el proceso.
Además de las críticas por la omisión en su declaración, Aguilar enfrenta cuestionamientos internos, con sectores del sindicato de la Contraloría expresando su desacuerdo con su nombramiento y alegando que intereses externos influenciaron la decisión.
Las conexiones políticas de César Aguilar y el nombramiento de Luigino Pilotto Carreño como vice- contralor generan sospechas sobre la intención del gobierno de consolidar su control en la Contraloría, manteniendo la vigilancia interna.
Aguilar, además, estuvo involucrado en la controvertida decisión de incluir a Fiorella Molinelli en un proceso sancionador, lo que llevó a una demanda ganada por ella en el Tribunal Constitucional y su actual solicitud de indemnización al Poder Judicial.