Esta decisión fue tomada después de que la Fiscalía de la Nación presentara una denuncia constitucional en su contra, acusándola de presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, lo cual podría afectar la reputación de la institución.
Según la denuncia, Amuruz Dulanto habría intervenido en la contratación de personas cercanas a su pareja, el exlegislador Paul García, en el Parlamento. Las personas involucradas serían Alejandra García Oviedo, Erick Enrique Tirado y Angie De Glady Gómez Acosta, quienes fueron asignados al Área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Poder Legislativo.
El abogado Mauro Florencio Leandro Martin, director de Ética Profesional, será el encargado de presentar esta medida a la Junta Directiva y al Consejo de Ética del CAL, debido a las posibles infracciones éticas que involucran a abogados en funciones públicas.
El CAL subrayó que los funcionarios de alto rango que ocupen cargos relacionados con la abogacía y que cometan infracciones éticas serán remitidos al Consejo de Ética para su evaluación. Según el comunicado, dicho Consejo determinará si han violado el Código de Ética del CAL y aplicará la sanción correspondiente, que podría incluir amonestaciones, suspensiones, separaciones o expulsiones del Colegio. Estas sanciones son válidas a nivel nacional y quedan registradas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1265.
