Por: Mercedes Fernández
A finales de la década de 1990, el gobierno de los Estados Unidos inicio discreta campaña de presión sobre los gobiernos peruanos, instándolos a implementar medidas más eficaces para regular y controlar la extracción de oro en el país. Sin embargo, desde 1999, esas advertencias se volvieron cada vez más directas y urgentes, con el objetivo de erradicar la minería ilegal y la explotación informal de dicho metal, identificadas como una amenaza real para la Estabilidad Económica y la Seguridad Nacional.
En ese sentido, entrevistamos al Lic. Carlos Morales Andrade, analista político y experto en gobernabilidad y democracia, quien nos dio interesantes puntos de vista al respecto.
¿Cuál habría sido el enfoque principal de la presión diplomática de Estados Unidos, según informes y documentos filtrados, en relación al comercio de oro informal en Perú?
La presión diplomática estadounidense se enfocó en dos objetivos clave. En primer lugar, se buscaba un mayor control sobre la extracción de oro informal para combatir ingresos ilícitos y posibles nexos con el crimen organizado. En segundo lugar, se solicitaban acciones más enérgicas contra los mineros ilegales de oro, cuyas operaciones perjudicaban el medio ambiente, los ecosistemas, y vulneraban los derechos laborales y la seguridad de las comunidades locales. A lo largo de dos décadas, esta presión se intensificó, pero desafortunadamente, los gobiernos peruanos no tomaron medidas responsables, sin percatarse del riesgo de posibles sanciones económicas por su falta de acción en el control de esta actividad ilegal.
¿Cuál fue la respuesta de los gobernantes peruanos ante esta situación?
Una vez más, en la realidad, no tomaron ninguna medida, lo que significó un completo fracaso en abordar frontalmente este problema. Desafortunadamente, es necesario recalcar que no hubo ninguna respuesta efectiva al respecto.
¿Por qué cree que no se tomó ninguna acción al respecto y cuál podría haber sido la preocupación de Estados Unidos en esta situación?
En primer lugar, el Perú se caracteriza por una peculiar dualidad. Por un lado, posee vastas reservas de oro de alta calidad, mientras que, por otro lado, es un importante productor de cocaína, una droga ilícita con un mercado global. Esta compleja situación puede haber contribuido a la falta de acción por parte de los gobernantes peruanos. Además, la preocupación de Estados Unidos en esta situación podría estar ligada al impacto del narcotráfico en la región y a la seguridad nacional.
¿Cómo se enteró de la noticia sobre el oro en los EEUU?
Recibí un contacto del asesor del gobierno de los Estados Unidos especializado en lavado de activos e inteligencia financiera. Este asesor me solicitó armar una estrategia para difundir la noticia sobre el caso de los 90,000 kilos de oro provenientes de Perú, los cuales fueron detectados por la Aduana de los EEUU en Miami. Acepté de inmediato la tarea sin cobrarles un Sol ni esperar remuneración alguna. Gracias al apoyo de profesionales y amigos, logramos compartir la historia en diversas plataformas de comunicación, incluyendo canales digitales, emisoras televisivas de señal abierta, radios y periódicos. Detallamos la salida del oro ilegal desde nuestro país hacia Miami, identificando una de sus rutas, gracias a la información proporcionada por el Asesor de Estados Unidos.
En ese momento, ¿qué medidas tomó el gobierno de turno para involucrarse y apersonar al Perú en el juicio sobre el oro en los EE.UU.?
Lamentablemente, se conoce que los gobiernos de Toledo, García y Humala no tomaron nunca ninguna medida al respecto. Sin embargo, cuando Pedro Pablo Kuczynski llegó al poder, se generaron grandes expectativas. Desafortunadamente, su administración no tomó ninguna acción para que el Perú pudiera participar en el juicio sobre el oro en los Estados Unidos.
En cambio, designó a figuras controvertidas para roles diplomáticos clave, como el nombramiento de Martín Vizcarra como embajador en Canadá y Susana de la Puente como embajadora en el Reino Unido. Se especula que la función de estos embajadores podría haber sido acercarse a contactos de PPK en un banco específico de dichos países, instándolos a presionar para evitar que Perú se apersonara en el juicio del oro en los Estados Unidos, con la esperanza de que el caso se desvaneciera con el tiempo al no involucrarse Perú en el proceso en la Corte Federal de la Florida.
Y con Vizcarra pasó lo mismo?
Posteriormente, Vizcarra reemplazó a PPK y trató de ocultar la noticia del juicio de oro en los EEUU diciendo que era «Fake News». El Fiscal Chavarry en ese entonces demostró que era un caso real, lo que podría haber sido la razón por la que fue sacado de su puesto. Vizcarra sería uno de los grandes responsables de no permitir que Perú se apersonara en el juicio de oro durante toda su gestión. Es esencial recordar que tanto la Corte Federal de la Florida como la Aduana de los Estados Unidos calificaron este procedimiento como una «conspiración criminal contra la economía de los Estados Unidos».
¿Cuál fue el papel de la Fiscalía de la Nación en relación con el juicio sobre el oro en los Estados Unidos?
El papel desempeñado por la fiscalía liderada en ese momento por el Sr. Chavarry fue profesional y acertado. Sin embargo, poco después, de manera coincidente, fue removido de su cargo y reemplazado por Zoraida Ávalos. Esta última, junto a otros fiscales, cometió una grave negligencia al no investigar adecuadamente el caso del juicio de oro en los Estados Unidos, a pesar de contar con todas las pruebas e información provenientes de dicho país. De haber actuado con diligencia, Perú podría haber recuperado, en colaboración con la Aduana de los Estados Unidos, una suma considerable de 5,700 millones de dólares en ese momento.
Actualmente, esos 90,000 kilos de oro valen 7,000 millones de dólares debido al aumento en el precio del oro a nivel mundial. La omisión de la fiscal en cumplir con su deber provocó un perjuicio económico significativo al Estado Peruano. Posteriormente, se presentó una denuncia contra Ávalos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual inicialmente trató de eludir el tema. Sin embargo, ante la acumulación de evidencias incriminatorias, la entidad no tuvo más opción que abordar la situación, aunque lo hizo de manera superficial.
¿Cuál era el procedimiento para compartir la información pertinente sobre el tema con los poderes del Estado y qué acción tomaron las autoridades peruanas al recibir dichos documentos?
En el contexto del juicio de oro en los Estados Unidos, se enviaron las informaciones clave y pruebas relevantes a cada presidente en funciones, ministros, congresistas y a la Fiscalía de la Nación, entre otras autoridades. Se compartió un documento detallado para explicar claramente la situación. Esta relación de información del juicio de oro en los EEUU, con todas las pruebas adjuntas, fue enviada a quienes se consideraban autoridades en el Perú.
¿Se envió al expresidente Castillo la documentación del juicio?
Sí, toda la documentación fue remitida y se le presentó detalladamente el caso. Durante su campaña electoral, el expresidente Castillo prometió que, al asumir la presidencia, se comprometería a apersonar al Perú en el juicio sobre el oro peruano en Estados Unidos. Lamentablemente, no cumplió su promesa y nunca lo llevó a cabo.
¿Qué cree que sucedió?
El expresidente Castillo expresó en Chota: «Voy a recuperar mis lingotes de oro de la corrupción y llevaré internet a todo el Perú…» Solo él conoce la verdad sobre lo sucedido, pero sus acciones se asemejaron a las de presidentes anteriores, desde PPK. Desafortunadamente, la historia se repitió una vez más.
¿Algo más que pueda añadir sobre la investigación en este caso?
Sí, existe una oportunidad crucial para recuperar los 90,000 kilos (90 toneladas) de oro en colaboración con la Aduana de los Estados Unidos. Actualmente, este oro se encuentra depositado en bancos americanos, chinos, y europeos, entre otros.
¿Cuánto tiempo más permanecerá esta situación en espera?
Es crítico que el gobierno actúe con prontitud y cautela, ya que la prolongación de esta inactividad podría tener consecuencias negativas para el Perú. La falta de acción inmediata podría llevar a que Estados Unidos ya no nos vea como víctimas inocentes. Después de años de pasividad y falta de representación en el juicio en Florida, existe el riesgo de ser percibidos como cómplices de la corrupción. Esta advertencia sobre el riesgo ha sido reiterada durante mucho tiempo. ¡Que Dios Bendiga al Perú!
