Julio Ramírez y Ernesto Blume ven falta de solidez en los argumentos presentados por el fiscal de la Nación.
Auguran que el Congreso no hará caso a la pretensión del MP, pues Boluarte puede ser procesada, pero al término de su mandato.
EL APURO LES JUGÓ EN CONTRA.Diversos especialistas en materia constitucional y penal advirtieron serias deficiencias en la denuncia constitucional presentada contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre el caso Rolex, lo que no haría más que ser un saludo a la bandera en el Congreso de la República, que es la instancia que debe decidir sobre su procedencia
El experimentado abogado penalista Julio Rodríguez consideró que se trata de una denuncia hecha de manera apresurada, sin ninguna solidez, pues la propia Constitución señala que para este tipo de casos se debe esperar a que la persona que ostenta la máxima magistratura en el país culmine su mandato.
“Yo veo que esta es una denuncia absolutamente apresurada, que no tiene mayor sentido si lo que yo busco es construir sólidamente para que en su momento, cuando cese en funciones la actual presidenta de la República, por culminación del mandato, o en la eventualidad que la vaquen, yo tenga una imputación que tenga la contundencia como para que pueda ser aprobada por el Congreso”, dijo.
Agregó que no ve en el documento presentado un análisis jurídico que se debe tener al tratarse de una acusación contra un jefe de Estado, pues en este tipo de casos se debe ser muy profesional, muy exhaustivo al momento de presentar los detalles de la acusación.
“Lo que sucede lamentablemente es que ya estamos acostumbrándonos recientemente a fiscales de la Nación que no tienen la formación y el conocimiento profundo”, sostuvo el letrado.
Además de una redacción “deficiente”, Rodríguez consideró que el Congreso de la República va a tener que decirle al fiscal de la Nación (e), Jua Carlos Villena, que esto se verá luego que Boluarte termine su mandato, lo mismo que ocurrirá con la demanda competencial presentada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC).
Similar opinión fue la del expresidente de Ernesto Blume, expresidente del TC y especialista en el fuero constitucional. El letrado auguró que esta denuncia constitucional caerá por su propio peso al ser inconsistente.
“Esta es una denuncia que va a caer por su propio peso. La veo totalmente inconsistente, porque nos e olvide usted que el Ministerio Público tiene el deber constitucional de destruir la presunción de inocencia, que es un mandato constitucional además, y que debe ofrecer elementos contundentes acreditativos del delito que imputa”, aseveró.
Tras indicar que, según los argumentos de la Fiscalía,solo se ha revelado que hubo el préstamo de unos relojes y joyas que luego fueron devueltos, no hay argumentos sólidos que demuestren que la jefa de Estado incurrió en algún delito.
“Es una denuncia que tiene 63 páginas y de un análisis objetivo de la misma tengo que afirmar, con todo el respeto que me merece el señor fiscal de la Nación, que se trata, digamos, de una denuncia montada sobre una suerte de armazón argumental inconsistente, invadido de apreciaciones semisubjetivas y prejuzgamientos y cimentado en algodón”, opinó.
Para Joseph Campos, abogado de la jefa del Estado, la denuncia constitucional contra la dignataria no avanzará en el Congreso y debe suspenderse hasta el 2026, año en que acaba el mandato presidencial, esto por la protección que le da el artículo 117 a los presidentes.
Cabe recordar que el mencionado artículo establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver arbitrariamente el Congreso o por impedir su reunión o su funcionamiento; así como los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral, recordó.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, consideró que el fiscal de la Nación está “injuriando los principios de la Constitución” al denunciar constitucionalmente a la presidenta por el caso Rolex, y apuntó a que el Congreso evalúe la denuncia en los parámetros del artículo 117 de la Constitución.
Mandataria
respondió 50
preguntas
La presidenta Dina Boluarte se presentó ante la Fiscalía de la Nación a fin de declarar por la última de las cuatro investigaciones en la que se encuentra incluida. Esta corresponde al caso del presunto encubrimiento a su hermano Nicanor Boluarte, quien en la actualidad es señalado de liderar una red criminal en el caso prefectos y subprefectos; en el que es señalada como instigadora del delito de encubrimiento por la desactivación del equipo de policías que apoyaba al EFICCOP. Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, informó que ella respondió a un total de 50 preguntas formuladas por la Eficcop y no se acogió al derecho al silencio durante esta diligencia, que contó con la presencia de cuatro fiscales, lo que consideró “inusual”
