El Ministerio Público informó que, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias preliminares contra el congresista Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) por el presunto delito de peculado de uso (recursos humanos y logísticos) en agravio del Estado.
Así lo informó la Fiscalía a través de la plataforma X donde precisó que las diligencias se deben a que trabajadores de su despacho congresal habrían participado, en horario laboral, en el recojo de firmas para la inscripción del Movimiento Regional Adelante Áncash.
El lunes último, la Procuraduría General del Estado (PGE) había solicitado al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, el inicio de diligencias preliminares contra Espinoza por presuntos peculado de uso y concusión.
El procurador general, Javier Pacheco, estimó que el legislador podría recibir una pena de entre 2 y 12 años de prisión efectiva si se confirma que utilizó de manera ilícita recursos y personal parlamentario, como denunció el programa “Punto Final” el fin de semana pasado.
Representantes del Ministerio Público acudieron al despacho parlamentario de Espinoza el martes último para constatar la ubicación de su oficina. Con esa diligencia, se preveía que esta semana se conociera el inicio de la investigación preliminar, como ha ocurrido.
Según la denuncia de “Punto Final”, Espinoza, también investigado por el Caso Los Niños, empleó una impresora instalada en su despacho parlamentario y papel bond proveído por el Congreso para imprimir fichas de afiliación a su agrupación política.
Además, envió a su personal parlamentario a Áncash para que recolecten firmas en días laborables y utilizó el acceso que le dio el Congreso al sistema del Reniec para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.
Espinoza intentó desmentir la acusación el martes último. No obstante, cayó en contradicciones, enredos e imprecisiones.
Entre otras afirmaciones, aseguró que tres de los trabajadores parlamentarios grabados por “Punto Final” mientras recolectaban firmas a favor de Adelante Áncash se encontraban suspendidos de sus funciones en marzo pasado. Pero la sección Transparencia del Congreso muestra que ninguno de los involucrados sufrió el recorte de sus remuneraciones ese mes.
También trató de marcar distancia del movimiento Adelante Áncash, al asegurar que se enteró de su formación “por temas periodísticos”. No obstante, luego reconoció que esa agrupación es de su hermano, Renato Espinoza Vargas, aunque añadió que “hace mucho” que no conversa con sus hermanos.
«Nunca me he corrido»
Espinoza señaló este jueves que colaborará con las indagaciones. “Nunca me he corrido de la investigación. Al contrario, me he allanado y se va a dar todas las facilidades a la comisión [de Ética] y al Ministerio Público”, dijo.
En breve diálogo con El Comercio, informó que la Fiscalía de la Nación no le ha notificado el inicio de la investigación en su contra.
El legislador, quien permanece como vocero de la bancada de Acción Popular, insistió en su inocencia. Previamente, la Comisión de Ética Parlamentaria dispuso iniciarle un indagación preliminar.
La decisión de Ética fue aprobada con 13 votos a favor y una abstención. La máxima sanción que puede recomendar ese grupo de trabajo parlamentario es de 120 días de suspensión. No obstante, tiene antecedentes de blindar a otros legisladores.
El voto en abstención fue de Kira Alcarraz (Podemos Perú), quien no sustentó el motivo de su decisión durante la sesión.
Horas después, Alcarraz dijo a El Comercio: “Yo presenté licencia médica el día de hoy, pero el presidente de la comisión pidió que igual me conectara para evitar que no hubiera quorum, como la sesión pasada. Y lamentablemente por no saber el tema que votaban, preferí votar en abstención. Por mí, que lo investiguen. Yo jamás he blindado a nadie”.
Fuentes parlamentarias señalaron que ella integra la Comisión de Ética gracias a que la bancada de Acción Popular le cedió su cupo.
Efectivamente, en agosto del 2023, Espinoza contó en diálogo con la prensa: “No habíamos acreditado a nadie. La congresista Kira Alcarraz nos solicitó ese espacio y se lo hemos cedido”.
Consultada por ese tema, Alcarraz anunció que renunciará a la Comisión de Ética para evitar cuestionamientos de ese tipo.
