Por Armando Martín Barrantes Martínez, Magister en Gerencia Social de la PUCP.
Como sociólogo, la labor de visitar diversas comunidades en el Perú para analizar estrategias de reducción de la pobreza ha sido una experiencia enriquecedora y reveladora. En este contexto, es evidente la importancia de aumentar el presupuesto público destinado a las ollas comunes, sobre todo en un momento de crisis económica exacerbada por la falta de seguridad ciudadana, crisis política y ausencia de consensos que dificultan el progreso del país.
En tal sentido, las ollas comunes representan una forma de solidaridad comunitaria y un mecanismo de apoyo vital para aquellas personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. En medio de una crisis económica, donde el acceso a alimentos básicos se ve comprometido y los ingresos disminuyen, estas organizaciones sociales se convierten en un refugio de esperanza y sustento para muchos.
Precisamente, el aumento del presupuesto público destinado a las ollas comunes no solo garantiza la alimentación de quienes más lo necesitan, sino que también fortalece el tejido social y la cohesión comunitaria. Estas iniciativas no solo proporcionan una ración de comida, sino que también generan espacios de encuentro, solidaridad y apoyo mutuo entre vecinos y colectivos, contribuyendo a la construcción de redes de apoyo fundamentales en tiempos de crisis.
Es importante reconocer que la pobreza no es solo una cuestión económica, sino que está ligada a factores sociales, políticos y culturales que influyen en la vida de las personas. La falta de seguridad ciudadana, la inestabilidad política y la ausencia de consensos en la toma de decisiones, son elementos que profundizan la vulnerabilidad de las comunidades y obstaculizan su desarrollo integral.
Por tanto, el aumento del presupuesto público destinado a las ollas comunes debe ser parte de una estrategia integral de reducción de la pobreza que aborde no solo las necesidades inmediatas de alimentación, sino también las causas estructurales que perpetúan la desigualdad y la exclusión social. Es necesario impulsar políticas públicas que promuevan la inclusión social, la equidad de género, el acceso a la educación y la generación de oportunidades laborales dignas para todas las personas, como parte de un enfoque holístico para combatir la pobreza en el Perú.
En el contexto de la lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad de vida de las comunidades más vulnerables en el Perú, el principio de «enseñar a pescar y no solo dar pescado» cobra una relevancia fundamental. Esta metáfora, que resuena con sabiduría ancestral, nos invita a reflexionar sobre la importancia de promover la autonomía y el empoderamiento de las personas, en lugar de ofrecer soluciones temporales que no generan un cambio estructural.
El incremento del presupuesto público destinado a las ollas comunes y otras formas de ayuda social puede ser una medida necesaria en momentos de crisis, como la actual situación económica agravada por diversos factores. Sin embargo, es crucial entender que estas acciones deben ser transitorias y complementarias a estrategias de largo plazo que fomenten el desarrollo sostenible.
La transición de la asistencia social hacia la inversión social implica un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la pobreza y la desigualdad. En lugar de crear dependencia de la ayuda estatal, se busca fortalecer las capacidades de las personas y comunidades para que puedan salir adelante por sí mismas. Esto implica brindar acceso a educación, capacitación laboral, emprendimiento y otros recursos que les permitan mejorar sus condiciones de vida de manera sostenible.
La corrupción en la gestión de programas sociales ha sido un obstáculo importante en el camino hacia una distribución justa y eficiente de los recursos públicos. Es por ello que la implementación de medidas preventivas, como la profesionalización de las gerencias a través de entidades técnicas como SERVIR, resulta imprescindible. Contar con profesionales capacitados y comprometidos con la transparencia y la eficacia en la gestión de programas sociales es clave para garantizar que estos lleguen realmente a quienes más los necesitan y cumplan su objetivo de promover el desarrollo humano integral.
Es necesario reflexionar sobre esta filosofía de «enseñar a pescar» la misma que nos invita a recapacitar en soluciones integrales y sostenibles para combatir la pobreza y la exclusión social. Es hora de trascender al asistencialismo y apostar por estrategias que empoderen a las personas, fortalezcan sus capacidades y les brinden las herramientas necesarias para construir un futuro más próspero y equitativo para todos los peruanos.
