LA HABITUAL CALMA de la hora del ingreso de los trabajadores del sector Vivienda se interrumpido ayer por
un operativo de Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder en busca de más implicados
Y es que, desde las 8 de la mañana y por mandato de la Primera Fiscalía Superior Anticorrupción, un grupo policial se constituyó en la sede del ministerio dirigido por Hania Pérez de Cuéllar en búsqueda de más funcionarios implicados en la red delictiva cuyo liderazgo se atribuye al expresidente Martín Vizcarra y que no habría actuado solo en el ministerio de Transporte sino también en el
de Vivienda.
Los efectivos estaban respaldados por un oficio que solicitaba a la ministra informar “en el día” sobre 34 personas presuntamente involucradas en la investigación iniciada, un día antes, contra Carlos Eduardo Revilla Loayza y otros, por la presunta comisión del delito de Organización Criminal, Colusión Agravada y otros, en agravio del Estado.
LISTA NEGRA
El oficio requería a la ministra que entregue documentos públicos (no privados) al personal fiscal que se hizo presente y que se mantuvo en el local hasta después de las 5 de la tarde, cumpliendo el objetivo encomendado.
Las personas investigadas por la Fiscalía estaban mencionadas en una lista de 34 nombres (ver recuadro) sobre quienes se preguntaba si habían prestado servicios al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el periodo comprendido entre julio de 2016 hasta diciembre de 2023.
Asimismo, de ser su respuesta afirmativa, el ministerio deberá precisar – debidamente documentado – el cargo que estas personas ocupaban en la referida entidad, las funciones que realizaban, las dependencias o áreas donde laboraban, los periodos en los que prestaron
servicios, el régimen laboral con el que se encontraban, entre otros datos relevantes.
El requerimiento fiscal se hacía, bajo apercibimiento de exhibición forzada e incautación, y so pena de incurrir en presunto delito de desobediencia la autoridad.
Por lo que, la secretaria general del ministerio tuvo que fedatear los documentos entregados.
El requerimiento fiscal estaba dirigido a funcionarios que ya están investigados en el MTC, y también incluía nombres conocidos como el de la exgoberndora regional de Moquegua
Cristala Constantinidis o la exsecretaria de Palacio de Gobierno Miriam Morales. Sin embargo, dos nuevos nombres de la lista destacaban por corresponder a Carlos Lozada Contreras, actual jefe de Agua Segura, y Manuel Montes, actual jefe de Cofopri, a quienes se les sindicaba como incondicionales de Vizcarra. Lozada fue director ejecutivo de Provías Nacional desde 2018, y después ministro de Transportes y de Vivienda, entre febrero y noviembre de 2020. Por su parte, Montes Boza luego de trabajar en la estratégica Superintendencia Nacional de Registros Públicos, pasó a dirigir Cofopri. Lo significativo es que estos dos funcionarios, considerados como hombres claves de Vizcarra, se empoderaron en el ministerio bajo la gestión
de la Pérez de Cuéllar. Además, no serían los únicos alfiles del Lagarto que habría llevado a su ministerio, pues en mayo de 2023 se informó que también había incorporado a su sector al exministro de Agricultura vizcarrista Jorge Montenegro. En septiembre, en el Congreso se cuestionó la presencia de Lozada Contreras en el programa AguaSegura, pero la propia ministra lo defendió ardorosamente Lozada ha sido uno de los puntales en la construcción del partido político de Vizcarra y, como se recuerda, la ministra habría estado en conversaciones con Vizcarra con miras a formar parte de su plancha presidencial para el 2026 o incluso, eventualmente, reemplazarlo si fuese inhabilitado.
BAJO LA LUPA
Además, la iniciada ayer no es la única investigación que afronta la ministra pues el Ministerio Público actualmente evalúa su responsabilidad en la “sacada de vuelta” que hizo el
ministerio a inicios del año pasado para mantener en el cargo de jefe del PNSU al funcionario
Jonatan Ríos Morales, quien no calificaba para ese cargo. Pese a que los medios de comunicación buscaron insistentemente una declaración del ministerio de Vivienda sobre la intervención fiscal, hasta horas de la noche su mutismo era absoluto.
«Hanía Pérez de Cuéllar llenó de funcionarios lagartos el ministerio
de Vivienda en la perspectiva de congraciarse con Vizcarra e
integrar su plancha presidencial el 2026 o, incluso, de reemplazarlo
como número 1 en el caso de que fuera inhabilitado».
UN DATO : UNA JOYA.
Cuando Carlos Lozada,
uno de los investigados,
fue alto funcionario
del MTC, entre el 2014
y el 2021, la empresa
Termirex, donde
trabajaba su cuñado
obtuvo contratos por S/
1,290 millones.
