-Un 80% de la ciudadanía se siente expuesta a la delincuencia en medio de una recesión económica, pero el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no tiene resultados positivos, por qué cree que estamos en esta crisis de seguridad?
-Es innegable que la población se encuentra prácticamente desolada y sin expectativas de encontrar solución por parte de nuestras autoridades; la Policía hace sus mejores esfuerzos para controlar el crimen en nuestras calles, pero lamentablemente lucha con una sola mano pues la otra está atada por la falta de voluntad política de nuestras autoridades que no definen una estrategia integral en la lucha contra el delito y pretenden utilizar mecanismos convencionales sin llegar a comprender que las organizaciones criminales, que se encuentran operando delincuencialmente en el Perú, tienen que ser atacadas de manera diferente.
–Cómo atacar estas organizaciones criminales?
-Tiene que emplearse acciones que permitan acercar a la población con la Policía Nacional; activar todos los sistemas de acción a nivel de la Fiscalía y de los juzgados de flagrancia; proyectar presupuestos importantes que permitan otorgarle a la Policía Nacional la tecnología en inteligencia y otras estrategias que deben aplicarse con sostenibilidad, como parte de un gran plan de seguridad nacional, pues la tendencia actual para la preservación del orden interno amenazado por organizaciones criminales transnacionales, ya forma parte de una política de seguridad integral; pero, esta política de seguridad nacional viene acompañada rigurosamente, de una voluntad política.
-La presidenta Dina Boluarte envió al Congreso del Proyecto de Ley n.° 5633 que buscaba incorporar la categoría de Policía de Orden y Seguridad, el cual terminó en el archivo y luego siguieron los estados de emergencia con pocos resultados sin que haya más medidas? El gobierno abandonó la seguridad?
–Lo que sucede es que crear una categoría policial de “Orden y Seguridad” no tiene sentido porque la Policía Nacional del Perú está entrenada para ofrecernos el orden y la seguridad; su doctrina los prepara para tales fines; por lo tanto, lo que corresponde es sostener los equipos especiales como los que ya existen. Nuestra Policía está estructurada con diferentes unidades especializadas que le permite brindar un magnífico servicio a la población. Por otro lado, decretar estados de emergencia en distritos de la gran capital tampoco funcionó; esta medida no vino acompañada de inteligencia estratégica, quedando resumida simplemente en una buena voluntad o en un mero impulso de reacción populista.
– Se sigue matando por un celular y los locales de autopartes robados ahora tributan? Qué importancia tiene erradicar los mercados negros en Lima?
-Como parte de la doctrina de seguridad nacional, existe el concepto de mercados criminales. El problema en nuestro país es que, muchas veces, nos hemos concentrado en los delincuentes visibles en las calles; en aquellos que roban celulares, carteras, autopartes; sin embargo, esto no es suficiente, porque en realidad la lucha debe estar concentrada en los propios mercados criminales que generan el negocio ilícito de la receptación, lavado de activos, corrupción; puesto que, todo el país entero sabe que por ejemplo, para el robo de autopartes existe un mercado criminal que se encuentra visible en zonas o distritos de nuestra capital, que cuentan con licencias municipales para establecimientos formales, que contratan personal; incluso pagan impuestos y, mientras existan estos negocios de mercado negro, lamentablemente el problema subsistirá y lo peor de todo es que estos mercados negros potencializan la corrupción.
-En medio de esta crisis, el hermano de la presidenta ha sido denunciado y el Congreso pidió investigarlo por sus reuniones con funcionarios que habrían llevado a irregulares asignaciones presupuestales y contrataciones en el Estado. ¿Qué delito se configura?
-Todas estas conductas de la familia presidencial siempre van a generar, en primer lugar, una condena moral. Muchos mandatarios han sido censurados históricamente por involucrar en el cargo público y la función pública a hermanos y “sobrinísimos”, convirtiéndose en una práctica habitual de “clientelaje”, de favoritismos, nepotismos, que a su vez configuran delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y que al mismo tiempo puede generar un tráfico de influencias y de seguro, inminentes cohechos, acuerdos colusorios, finalizando en el patético circuito del lavado de activos, pues todo el dinero de esa corrupción podría ingresar al sistema bancario.
-Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo y ahora con Dina Boluarte, los cambios en las carteras del Interior y el Ministerio Público han sido continuos. ¿Esto debilita la lucha contra la delincuencia?
-Por supuesto. En la medida que nos encontramos en un escenario de inestabilidad política, las consecuencias las asumimos todos los peruanos y la falta de liderazgo se traduce en incertidumbre jurídica por lo que viene sucediendo en la Junta Nacional de Justicia y en el Ministerio Público, produciendo un retraso y una manipulación indebida en la administración de justicia. Además, se genera la escalada y agudización del conflicto social y nos vemos ante un panorama en donde todo se mueve en base a disputas entre poderes políticos; enfrentamientos entre grupos económicos, que son factores que impiden el desarrollo económico y social de la población.
– Qué recomendaciones daría a las autoridades para enrumbar las acciones contra el hampa?
-Me ratifico una vez más en que aquí no hay nada que descubrir, pues todo parte de la voluntad política que genere la inteligencia estratégica para detectar a las organizaciones criminales y facilitar de todas las circunstancias a la Policía Nacional para que se pueda hacer frente al flagelo de la violencia.
– Dr. Torres Ud. es precandidato al decanato del CAL? ¿Cómo mejorar una institución que hace años era un órgano de consulta política y jurídica en el país?
-El Colegio de Abogados de Lima, no ha sido ajeno a la crisis institucional que atraviesa nuestro país. Todos sabemos lo que viene sucediendo y debemos proponer soluciones que, en primer término, tienen que lograr como objetivo fundamental, reposicionar la calidad y la imagen del Colegio de Abogados de Lima para que vuelva ser, como usted dice, un referente, una voz de opinión jurídica que ilustre a la clase política en materia jurídica, para el normal desarrollo de las relaciones en la sociedad. Esto se puede lograr con el apoyo de universidades nacionales e internacionales que, en convenio con nuestro Colegio de Abogados, ofrezcan una capacitación permanente a los abogados agremiados, con sistemas de becas económicas y meritorias a quienes las requieran; asimismo, el profesional del derecho debería encontrar en el Colegio de Abogados la oportunidad de acceder a un Centro de Idiomas con tarifas económicas y sociales. Propongo un servicio de consulta médica gratuita para todo agremiado activo. Sobre todo, pensemos en los agremiados que se encuentran trabajando para el Estado, como los empleados judiciales, fiscales y demás que se encuentran en la administración pública; estos colegas deben ser involucrados nuevamente con su Colegio profesional y para ello, debe existir un sistema de bienestar con un centro de esparcimiento remodelado y gerenciado empresarialmente; devolver a la Caja previsional del Abogado su autonomía, decidiendo oportunamente cómo incrementar los fondos de esta caja y determinar el destino de los activos inmobiliarios adquiridos por el Colegio de Abogados en cuanto a su uso, rentabilidad y los proyectos que vamos a encontrar de la gestión que va a terminar.
