La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prolongación de la prisión preventiva por nueve meses adicionales contra el suspendido congresista Freddy Díaz Monago.
Como se recuerda, el exlegislador es investigado por la comisión del presunto delito de violación sexual agravado en agravio de una joven de iniciales M.J.P.R.
El tribunal supremo estableció que la decisión de primera instancia (Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria) no vulneró el principio de jurisdiccional de motivación de las resoluciones judiciales como alegó la defensa de Díaz Monago.
Asimismo, precisa que el plazo adicional de la medida se computará desde el 20 de noviembre de 2023 hasta el 19 de agosto del 2024.
El exparlamentario Freddy Díaz se encuentra recluido desde febrero en el penal de Lurigancho, tras habérsele dictado inicialmente 9 meses de prisión preventiva, medida coercitiva que vencía este 19 de noviembre.
En 2022 fue acusado por una trabajadora de su despacho congresal de haberla ultrajado en las oficinas del Poder Legislativo en el jirón Azángaro tras haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas.
Díaz Monago fue suspendido por estos hechos y, posteriormente, desaforado e inhabilitado por 10 años para el ejercicio de la función pública.
Piden 20 años de cárcel contra Díaz Monago
Pero esta no es la única de las acciones emprendidas por la Fiscalía de la Nación respecto a este caso en los últimos días, y es que en el documento al que Infobae Perú accedió, precisa que el último 13 de octubre, la Fiscalía de la Nación formuló una acusación en contra de Díaz Monago. En el requerimiento acusatorio, el Ministerio Público confirmó la solicitud de 20 años de cárcel efectiva en contra del excongresista.
Según la Fiscalía, contra Díaz Monago “se ha determinado la pena concreta dentro del tercio inferior” motivo por el que el despacho Supremo “solicita que se imponga al imputado una condena de veinte años de pena privativa de la libertad, y se disponga su tratamiento terapéutico”.
Mientras tanto, respecto a la imposición de una reparación civil, Ministerio Público señaló que su institución “no corresponde pronunciarse a este despacho fiscal respecto a la pretensión civil en favor de la denunciante”.
