La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formuló una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Revilla Vergara.
A ambos se les imputan ser presuntos autores de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y nombramiento ilegal, en agravio del Estado
El supuesto hecho ilícito está vinculado a la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado, sin previo informe técnico o legal de asesoría jurídica del Minjusdh.
La denuncia alcanza también a la exministra de Justicia, Ana Revilla Vergara, y se fundamenta en que Soria no cumplía los requisitos para ocupar el cargo de procurador general. En particular, se argumenta que Soria no contaba con experiencia en defensa jurídica del Estado, tal y como exige el Decreto Legislativo 1326, y que su designación se llevó a cabo “sin previo informe técnico o legal de asesoría jurídica del MINJUS”.
De este modo, el Ministerio Publico imputa a Vizcarra y Revilla la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y nombramiento ilegal, en agravio del Estado.
Como se recordará, Daniel Soria fue nombrado procurador general del Estado en febrero de 2020, durante el gobierno de Vizcarra. En diciembre de 2021, Soria denunció al entonces presidente Pedro Castillo por patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el marco del caso Puente Tarata III.
En febrero de 2022, el gobierno de Castillo lo removió del cargo, usando como argumento un informe emitido por la Contraloría General de la República en el que esta institución advertía que su designación se realizó “sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como lo establece la normativa que regula los requisitos para acceder a este cargo”. No obstante, tras obtener una resolución judicial favorable, fue repuesto en octubre de 2022.
