La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió que la excongresista Luciana León, pague S/ 1 millón 800 mil por concepto de reparación civil al Estado en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo.
Se prevé que en los próximos días el juez Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria convoque a una audiencia virtual para analizar el pedido de la PGE que también busca incorporarse al caso como actor civil.
La exparlamentaria está investigada en el caso “Los Intocables Ediles” quien habría gestionado presupuesto para el distrito de La Victoria entre los años 2017 y 2018 a fin de generar ingresos ilícitos sobrevaluando obras.
La Procuraduría General del Estado presentó esta propuesta inicial de reparación civil dentro de la solicitud que hizo ante el despacho del juez Supremo Juan Carlos Checkley para que ordene su incorporación como “actor civil” o “parte agraviada” dentro de la investigación preparatoria que inició la Fiscalía a Luciana León sobre este caso.
En los próximos días el magistrado estará programando una audiencia virtual para analizar esta solicitud de constitución en actor civil con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.
El Ministerio Público determinó que esta investigación preparatoria se realice dentro de un plazo de ocho meses al haber sido declarada “compleja” debido a los actos que se deben practicar para el esclarecimiento de los hechos.
Caso de ‘Los Intocables Ediles’
El caso de ‘Los Intocables Ediles’ estalló en el agosto del 2018, cuando la Policía detuvo a Elías Cuba, entonces alcalde de La Victoria, y otros funcionarios de esta comuna por ser parte de una red dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes de este distrito limeño.
‘Los Intocables Ediles’ ganaba más de 26 millones de soles anuales por cobros ilegales de parqueo vehicular y SISA, el cual se realizaba a más de ocho mil comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública.
El caso escaló a nivel político cuando se incluyó a Luciana León al ser sindicada como «el brazo político-legal» de esta mafia para el que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en el distrito limeño de la Victoria para obtener ingresos ilícitos.
Según el Ministerio Público, la excongresista aprista habría recibido por esta labor sumas de entre 15 mil a 30 mil soles mensuales entre los años 2017 y 2018.
También se le tribuye a Luciana León el presuntamente haber intercedido ante los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento para agilizar obras municipales en La Victoria, entre otros hechos.
