Entrevista al Penalista y presidente del IPADEP, Iván Torres la Torre.
Por: Alejandro Arteaga
Torres la Torre señala que no se tiene en cuenta la inteligencia como arma preventiva y reactiva y que la política penitenciara se encuentra en total abandono en el país. “Considero que se ha abandonado la política “re”: resocialización, reeducación y reinserción”.
-¿Qué pudo ocurrir en el caso de la venezolana, Wanda del Valle, expareja del sicario venezolano, Christopher Fuentes “Maldito Cris”, cuándo primero el Poder Judicial dice que no hay justificación para una orden de detención preliminar y luego dice que sí?
-Lo que sucedió con Wanda del Valle es que, aparentemente, hubo un problema de pruebas o requisitos al momento de solicitar su detención preliminar al Poder Judicial. Tal cual la Policía ha explicado, se cumplió con presentar al juez las pruebas solicitadas y finalmente se aprobó el pedido de detención preliminar, dictándose orden de captura a nivel nacional e internacional, en la medida que Wanda del Valle se encuentra en calidad de no habida y posiblemente haya salido del Perú con destino a Ecuador o Colombia.
-En el caso de esta mujer que antes fue detenida en un lugar con drogas y armas y es pareja de un sicario, y luego otro delincuente dice que ha puesto precio a la vida de un oficial de la PNP, ¿Se justifica su detención?
-Por supuesto. Ante la primera solicitud de la Policía y la Fiscalía, se debió dictar mandato de detención preliminar con fines de prisión preventiva, por cuanto inclusive, un tal Luis Alberto Castaño, luego de ser detenido, es el que habría proporcionado la información de que esta prófuga puso precio a la cabeza de un alto mando de la Policía, por la muerte de su expareja el “Maldito Cris”. Asimismo, habría que observar su condición migratoria, porque se tiene información que se encontraba en calidad de ilegal en el territorio nacional; por lo tanto, existía una sumatoria de indicios suficientes para haber dictado mandato de detención preliminar con fines de prisión preventiva.
-¿En el derecho penal el sicariato en el Perú está bien sancionado, hay agravantes?
-Si claro. Existen agravantes en los supuestos que el sicariato se realice bajo la modalidad de organización criminal; cuando intervengan más de dos personas, cuando el sicario utilice armas adquiridas en el mercado negro o armas de guerra; otras circunstancias son cuando utilizan a menores de edad u otros inimputables o cuando las víctimas son más de dos personas. En estos casos, la pena puede llegar a ser condena hasta cadena perpetua.
-Un sereno de Surco fue asesinado por el «Maldito Cris’ y el alcalde de Surco, Carlos Bruce, exigió y exige el uso de armas «no letales». ¿Se justifica este pedido?
-Dentro de políticas criminales bajo criterios de proporcionalidad, no resulta efectivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Imagínese el caso que un sereno con arma no letal le aplica una descarga eléctrica o hace el intento de aplicar descarga eléctrica a un delincuente y éste último, arma de fuego para repeler la acción, causándole la muerte al sereno. Suena interesante, pero quienes tienen que utilizar armas letales y no letales, es la Policía Nacional. El serenazgo se concibió en su legislación primigenia, como un servicio de apoyo a la Policía Nacional en temas de comunidad, tránsito, familia y orden interno de ronda y vigilancia en salvaguarda de los vecinos y sus intervenciones contra el crimen deben ser con la estricta y rigurosa compañía de la Policía.
Ahora bien, tengamos en cuenta que la escuela de formación de serenazgo está venida a menos; no se encuentran capacitados para el uso de armas no letales y de fuego, en la medida que es un proceso de maduración y preparación física y psicológica, de estabilidad emocional, de salud de la persona que va a usar un arma de fuego; caso contrario, estamos exponiendo a los serenos a una muerte o baja segura; inclusive, estaríamos exponiendo a una situación de riesgo al entorno del sereno. En conclusión, no creo que sea la solución frente a una delincuencia tan agresiva como la que se ha impuesto en muchas ciudades del país.
-¿Qué opina del proyecto de Ley que incorpora la categoría del Policía de Orden y Vigilancia presentado por el ministerio del Interior. Su formación dura seis meses.
-A ver, todo esfuerzo siempre será importante. Toda iniciativa que vaya contra el crimen siempre será una sumatoria de esfuerzos. Sin embargo, lo que se tiene que generar es una política que desarrolle una estrategia de capacitación a los efectivos policiales; un incremento logístico, salarial y condiciones mínimas, pero sobre todo, debemos comprender que la única forma de luchar contra este grave flagelo de la delincuencia es sofisticando o modernizando los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior. No existe otra forma; caso contrario, estamos llenando las calles de policías, patrulleros y desgastando esfuerzos, cuando el arma de inteligencia puede intervenir preventiva y reactivamente, con mayor eficacia.
LA POLÍTICA RE
“Políticas penitenciarias en abandono”
Las políticas penitenciarias en el Perú se encuentran totalmente abandonadas. Los penales, en algunos aspectos, se encuentran tomados por mafias; las condiciones de reeducación para la resocialización están prácticamente subordinadas a mínimos esfuerzos; contrainteligencia del INPE también viene trabajando con intensidad para detectar a sus malos elementos que se coluden con mafias de internos y sumado al déficit presupuestario que se asigna al sistema penitenciario, genera unas cárceles conocidas como escuelas del crimen o de formación de potenciales delincuentes.Finalmente, considero que se ha abandonado la política “re”: resocialización, reeducación y reinserción.
