Informe de la Contraloría señala que Municipalidad Metropolitana de Lima, designó funcionarios de
confianza que incumplen requisitos laborales y de estudios. Además, superó límite de contratación de servidores de confianza.
Transcurridos siete meses desde que Rafael López Aliaga asumió como alcalde de Lima Metropolitana, en una singular ceremonia,
acompañado por el expresidente del Congreso José Williams y Dina Boluarte. Hoy el balance de su gestión es desastroso, tan igual como la del Legislativo y del Ejecutivo. Halagado por la mayoría de los medios de comunicación que lo vendían como un exitoso banquero, los mismos que alababan a Pedro Pablo Kuczynski a quien calificaban de ‘presidente de lujo’, para un país como el Perú, decían. Hoy también se equivocaron o quisieron engañarnos.
La cantinela de López Aliaga durante el Gobiernodel expresidente Pedro Castillo, al cual cuestionaba y hasta se burlaba porque nombraba, según él, a incapaces y/o no calificados, en la administración pública. Pues hoy quien indica que eso ocurre en la Municipalidad de Lima, bajo el Gobierno de López Aliaga, es la Contraloría General de la República. Una institución imposible de ser calificada como caviar o comunista, palabras que forman parte del lenguaje lumpenesco de la élite.
Así, según el Informe de Control Simultáneo N°: 024-2023-OCI/0434-SVC de la Contraloría General de la República, realizó una Visita de Control en cumplimiento de los Requisitos e Impedimentos para el Acceso y ejercicio de la Función Pública, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, “que está bajo el ámbito de control de este Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima y que ha sido ejecutada del 17 al 21 de julio de 2023, en las instalaciones y oficinas de la citada municipalidad, provincia y departamento de Lima”, señala la Contraloría.
AMIGOTES
INDOCUMENTADOS
En esa línea, señala los resultados del servicio de control simultáneo: La Municipalidad Metropolitana de Lima, superó el límite máximo de designaciones de servidores de confianza, situación que afectaría la legalidad, mérito y eficacia de los actos administrativos. La misma que habría designado directores públicos de libre designación y remoción, sin acreditar en sus legajos personales el
cumplimiento de requisitos mínimos de formación académica y experiencia laboral, situación que limita el acceso a puestos que conlleven al cumplimiento de sus fines institucionales.
Además, indica: “La entidad no ha actualizado el Manual de Clasificador de Cargos (MCC), en relación con la formación académica de los gerentes (título profesional), así como el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), conforme a lo dispuesto en la Ley n° 31419 y su reglamento, poniendo en riesgo la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública”. El informe destaca: “No se evidenció la verificación del cumplimiento del perfl de puesto exigidos en la normativa legal aplicable para el acceso a la función
pública de directivos públicos de libre designación y remoción, situación que puede afectar la continuidad del correcto proceso de designación y remoción de dichos directivos. No se evidenció la revisión de la
información contenida en registros y plataformas para la verificación de impedimentos para el acceso a la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción, situación que puede afectar la continuidad del correcto proceso de designación y remoción de dichos directivos, así como la transparencia en su designación”.
INCLUIDOS LOS DE
MÁS CONFIANZA
Entre los servidores de confianza designados que no cumplen con requisitos de formación académica y experiencia laboral, están:
el gerente de Seguridad Ciudadana, Abdul Martin Miranda Mifflin, que no se evidencia que cuente con Título Profesional o su equivalencia de Bachiller. En Sunedu no registra grados académicos. Asimismo, tampoco se evidencia otro documento que acredite legalmente el grado académico obtenido. La gerente de Desarrollo Económico, Elia María Del Pilar Urmeneta Venturo, de quien no se evidencia en su legajo personal documentación relacionada a su experiencia laboral (general y específica).
Además, no se evidencia que se haya acreditado en su legajo haber efectuado Especialización relacionada a sus funciones. También está el secretario general del Concejo Metropolitano, José Aurelio Danos Ordoñez, quien no presenta documentos, así como el gerente de Fiscalización y Control, Hugo Fernando Valderrama Chávez, de quien no se evidencia en los legajos personales haber efectuado especializaciones relacionadas a sus funciones del cargo y otro.
