En entrevista para Diario UNO, el investigador social en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, manifestó que el candidato a la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, debería ser investigado por sus presuntos vínculos laborales y profesionales con el expresidente regional de Huánuco, Luis Picón Quedo y su familia, quienes son actualmente procesados por lavado de activos del tráfico de drogas. Precisamente, Antezana denunció el peligro de que la extrema derecha tenga un Defensor de Pueblo funcional a sus servicios e intereses.
-Señor Antezana, usted señaló, años atrás, que el excongresista del Partido Nacionalista y actual candidato a la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, fue gerente del expresidente regional de Huánuco, Luis Picón Quedo, quien fue investigado por lavado de activos del tráfico de drogas. ¿Podría ampliarnos sobre esta información?
Eso fue en agosto del 2013. Sí, salió este informe con el título “La Lista Antezana”, en la revista Caretas. Efectivamente, José Gutiérrez había pedido trabajo para las empresas de la familia Picón cuando, en ese en ese tiempo, ellos estaban investigados por lavado de dinero del narcotráfico. Todo eso, sobre todo bajo la presunción, no? Y los datos que se dieron a conocer posteriormente, ellos no lo cuestionaron.
-Incluso, usted agregó que Picón Quedo y su familia participaron como aportantes a la campaña electoral de Gutiérrez al Congreso, del 2011. Esa es una grave acusación.
Eso nadie lo negó en su momento. Y no hay nada que podrían haber cuestionado. Ahora, ¿qué pasa? Es que si bien yo hice esa denuncia, sin embargo el Ministerio Público no investigó a esto.
-Esto que usted acaba de decir, que el Ministerio Público no investigó esta denuncia, es muy preocupante, teniendo en cuenta el destino de una institución importantísima, como la Defensoría del Pueblo.
Debería investigarse si Josué Gutiérrez fue financiado por esta familia (Picón). Tal como yo hice la denuncia y exigí que Ministerio Público inicie una investigación sobre el asunto. Pero no lo hicieron, y Josué Gutiérrez pasó como si nada pasara. Fue elegido congresista y, posteriormente, ejerció su labor de litigante, pero claramente estaba vinculado a esta familia, a este clan empresarial y familiar. Todos sabían que él había trabajado para las empresas de la familia Picón. No había nada que negar.
-Usted se ha referido también a la extraña desaparición, en internet, del contenido de su informe, publicado en la revista Caretas, referido a su denuncia sobre siete congresistas del periodo 2011-2016, presuntamente involucrados y vinculados con actividades del narcotráfico y el lavado de activos, entre ellos Josué Gutiérrez.
Así es. Ahora resulta que yo busco el informe de Caretas, en Google, y ya no se encuentra porque no aparecía. No había la lista de todos los (siete) candidatos, después congresistas, porque no sólo fue Josué Gutiérrez.
-Sostuvo igualmente que el postulante Gutiérrez no llegó a presentar sus reportes de financiamiento a la ONPE, correspondientes a esa referida campaña electoral. ¿Por qué habría cometido esa omisión?
Lo que no sé es si él después se puso al día. No lo sé. Pero lo cierto es que al momento de la denuncia, él no había hecho eso.
-No obstante, Gutiérrez buscó desmentirlo, al asegurar a la misma revista Caretas que “no tenía ninguna relación o conexión” con Luis Picón, y que no había trabajado en ninguna empresa de su propiedad. ¿Cuál es la verdad, en este caso?
Habría que simplemente preguntar a cualquiera, y a cualquier periodista, en Huánuco, si Gutiérrez trabajó para las empresas y fue el abogado de la familia (Picón). Pero, bueno, es la denuncia, estuvo ahí, y él no reaccionó. A mí me parece peligroso que Josué Gutiérrez de pronto, años después, viene a ser asesor de la bancada de Perú Libre. ¿Cuál es la conexión que lo llevó ahí?
-Además, otros candidatos a la Defensoría del Pueblo, tampoco salen bien librados. Por ejemplo, varios informes de la Contraloría General de la República acusan a Gastón Soto Vallenas, de presunto otorgamiento indebido de combustible a gerentes, secretarios generales y miembros del Pleno del JNE.
Ah, bueno, pues eso quiere decir que tiene cuestionamientos, no? Porque estamos hablando de funcionarios incursos en actos de corrupción, de una modalidad de corrupción. Esto es cuestionable.
-Asimismo, otros informes de la Contraloría involucran al otro postulante a la Defensoría, Pedro Cartolin Pastor, de presuntas irregularidades en la suscripción de una agenda al contrato de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) de municipalidad de Lima Metropolitana, cuando este personaje fue Gerente de Asuntos Legales de esta institución, en el año 2000.
Todos sabemos que la extrema derecha quiere un Defensor de Pueblo funcional a sus servicios e intereses. Obviamente, personas que vienen siendo cuestionadas por estar vinculadas a políticos o empresarios, pueden ser obviamente (posibles) Defensores del Pueblo que pueden fácilmente someterse al poder.
-Al parecer, el único candidato a la Defensoría del Pueblo sin cuestionamientos, sería Jorge Rioja Vallejos, quien es propuesto por los grupos parlamentarios Bloque Magisterial y Acción Popular.
Sí, pero obviamente el Defensor del Pueblo tiene que ser absolutamente incuestionable, intachable. No debería tener una sola mácula. Entonces, estas cartas están sobre la mesa.
