EMPRESA MINERA CONTROLA EL AGUA POTABLE Y PONE EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA
Marcona vive una emergencia sanitaria mientras Shougang se niega a entregar 1,000 m³ diarios de agua para consumo humano.
Alcalde exige a la ANA y al Ministerio de Vivienda cumplir la Constitución y priorizar a la población sobre el uso industrial.
La población del distrito de San Juan de Marcona enfrenta una crítica escasez de agua potable, situación que pone en riesgo directo la salud pública y que se ha visto agravada por un crecimiento poblacional acelerado impulsado
por la actividad minera, sin que exista una expansión proporcional de la infraestructura hídrica destinada al consumo humano. Este escenario ha encendido la alarma sanitaria y social en la localidad y evidencia una grave distorsión en la gestión del recurso hídrico.
En la práctica, desde la privatización de Hierro Perú en el año 1992, el control y la administración del agua potable han quedado en manos de la empresa estatal china Shougang, pese a que el Decreto Ley N.º 25793, en su artículo 2, literal c), establecía de manera expresa que los servicios esenciales administrados por Hierro Perú, como el agua potable, debían ser transferidos a la Municipalidad Distrital de Marcona, disposición que no fue cumplida y que hoy se traduce en una vulneración sistemática del derecho de la población al acceso al agua.
EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
CONSTITUCIONAL
En este contexto, el alcalde distrital de Marcona, Joel Rosales Pacheco, exigió públicamente que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), cumpla con el artículo 7°-A de la Constitución Política del Perú, el cual reconoce el derecho fundamental de toda persona a acceder de forma progresiva y universal
al agua potable, garantizando la prioridad del consumo humano sobre otros usos y estableciendo que el agua es un bien público y patrimonio de la Nación.
Asimismo, denunció que Shougang Hierro Perú S.A.A. estaría contraviniendo la Ley N.º 29338, Ley de Recursos Hídricos, que dispone expresamente que el agua potable es un recurso de la Nación y no propiedad de ninguna empresa, independientemente de su naturaleza pública o privada.
“El agua es un derecho fundamental y un bien público. No puede seguir tratándose como si fuera patrimonio privado de una empresa minera. La Constitución y la Ley de Recursos Hídricos son claras: el consumo humano tiene prioridad absoluta”, sostuvo el burgomaestre.
EXIGENCIA DE UNA SOLUCIÓN
INMEDIATA A LA ANA Y AL
MINISTERIO DE VIVIENDA
En sus declaraciones, el alcalde exhortó a la Autoridad Nacional del Agua y al Ministerio de Vivienda a cumplir estrictamente el mandato constitucional y legal, y demandó al ministro Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate que viabilice de manera inmediata la entrega adicional de 1,000 metros cúbicos diarios de agua potable, por un periodo mínimo de un año, como medida excepcional de emergencia sanitaria.
“No se puede seguir racionando el agua a la población mientras se garantiza el uso industrial. Exigimos una solución inmediata que proteja la salud pública”, enfatizó la autoridad edil.
Esta medida permitiría atender la emergencia mientras la Municipalidad Distrital de Marcona culmina el proceso de independización de las fuentes de agua potable, actualmente en exploración en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí (Arequipa). A la fecha, se ha logrado una dotación de 51 L/s, siendo el objetivo alcanzar 58 L/s que es el requisito establecido por el ANA, con el fin de asegurar una fuente propia, sostenible y autónoma para la población.
UN PROYECTO ESTAT
AL INCONCLUSO
POR MÁS DE 15 AÑOS
El alcalde recordó, además, que la crisis actual es consecuencia directa del fracaso del Proyecto “Agua para Todos”, ejecutado bajo la administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo objetivo era dotar de servicios de agua potable y alcantarillado al distrito de Marcona. Sin embargo, tras más de 15 años, el proyecto nunca logró alcanzar las expectativas de satisfacción de la demanda hídrica de la población.
La iniciativa fue aprobada originalmente con un presupuesto cercano a los S/ 25 millones, pero al cierre de su ejecución había escalado hasta aproximadamente S/ 98 millones, como resultado de deficientes gestiones edilicias en administraciones anteriores, paralizaciones y adicionales de obra que incrementaron de manera desproporcionada el presupuesto inicial, generando además una creciente percepción ciudadana de irregularidades. Esta situación dejó a Marcona en una condición permanente de vulnerabilidad hídrica. En ese contexto, la autoridad edil solicitó que el proyecto sea transferido a la Municipalidad Distrital de Marcona para su culminación, planteando el uso de recursos del canon minero, con el fin de garantizar de manera definitiva el acceso al agua potable.
“Han pasado más de quince años y millones de soles invertidos sin resultados. Hoy la población paga las consecuencias de las malas gestiones pasadas y de la falta de decisiones oportunas del Ministerio de Vivienda y la ANA.
Desde el inicio de mi gestión he priorizado dar solución a esta problemática, incluso enfrentando la oposición y los obstáculos impuestos por la minera Shougang y operadores políticos locales”, enfatizó Rosales Pacheco.
CONTRALORÍA CONFIRMA
CONTROL POR PROYECTO
DE AGUA PARALIZADO
La gravedad del escenario ha motivado la intervención directa de la Contraloría General de la República, que mediante el OFICIO N.º 000016-2026-CG/VICOS acreditó una Comisión de Control Simultáneo (Visita de Control) al proyecto de inversión “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona” (CUI N.º 2157797), con el objetivo de verificar la eficiencia, legalidad, transparencia y uso
adecuado de los recursos públicos.
CRECIMIENTO POBLACIONAL
SIN PLANIFICACIÓN HÍDRICA
La autoridad edil subrayó que Marcona ha incrementado su población en casi 25,000 habitantes, lo que representa un crecimiento aproximado del 80 % respecto al año 2015, impulsado por la presencia de proyectos mineros en operación y exploración, como Marcobre S.A.C. (Proyecto Mina Justa), Shouxin Perú S.A. y Jinzhao Mining Perú S.A., además de la expectativa de megaproyectos de infraestructura portuaria y ferroviaria promovidos en la zona.
Este crecimiento no planificado, estimulado por la promoción de inversiones desde el Gobierno Nacional, ha generado una demanda de agua potable muy superior a la capacidad actual de suministro, profundizando el déficit y evidenciando la falta de previsión del Estado frente al impacto de las grandes inversiones extractivas.
FISCALIZACIÓN DEL
CONGRESO ANTE EL CLAMOR
CIUDADANO
Frente a la gravedad del problema, el congresista de la República y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Carlos Zeballos Madariaga, ha iniciado acciones de fiscalización ante la Contraloría General de la República y el Ministerio de Vivienda, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y exigir soluciones inmediatas.
El parlamentario visitó Marcona el pasado 16 de enero, donde recogió información de primera mano por parte de autoridades locales y dirigentes sociales sobre la crisis del agua potable y su impacto en la salud pública.
“No es aceptable que una población entera viva con racionamientos mientras se privilegia el uso industrial del agua. Desde el Congreso vamos a fiscalizar y exigir que se respete la prioridad del consumo humano”, declaró el legislador.
MINISTRO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO ENVIARÁ
EQUIPO TÉCNICO PARA
ATENDER PEDIDO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARCONA
En una comunicación telefónica sostenida el 29 de enero, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, y el alcalde distrital de Marcona, Joel Rosales Pacheco, con la intermediación del congresista de la República, Carlos Zeballos Madariaga, arribaron al compromiso de que el ministerio enviará, el próximo 5 de febrero, un equipo técnico especializado para verificar in situ las condiciones del desabastecimiento hídrico que afecta al distrito.
La visita técnica tendrá como finalidad evaluar las causas de esta situación, así como las implicancias de la negativa de la empresa estatal minera china Shougang a contribuir a la solución del problema, el cual representa un riesgo directo para la salud pública de la población local.
Cabe precisar que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es un organismo adscrito a este sector ministerial, encargado de la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, incluyendo el otorgamiento y registro de derechos de uso del agua para consumo humano, actividades agrícolas, industriales y energéticas; la administración y distribución del recurso; la determinación de tarifas; y la supervisión de cauces, riberas y vertimientos, con el objetivo de garantizar un aprovechamiento sostenible del agua en beneficio del país.
