Por: Dr. Jesús Antonio Rivera Oré (*)
El ideal de la integración política, económica, social y cultural de la Subregión Andina para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los pueblos andinos que animó la institucionalización de la Comunidad Andina y sus órganos constitutivos, podría realizarse si se hacen cambios institucionales para orientar los esfuerzos y recursos a la superación de las enormes disparidades de cobertura, calidad y financiamiento de la infraestructura vial terrestre y los servicios de transporte en los pueblos hermanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
En efecto, tanto la infraestructura y equipamiento vial, como los servicios de transporte de personas y mercancías, tienen un notable impacto favorable en el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social sustentable. En este campo, la inversión pública y privada tiene la virtud de fortalecer y consolidar espacios físicos y territorios desarrollados y, a la vez, expandir las oportunidades en aquellos de menor desarrollo, facilitando el aprovechamiento de la diversidad biológica y cultural para fomentar la diversificación productiva, la generación del empleo, la movilidad de las personas y el flujo del comercio.
Amplísimo marco legal
No obstante, la visión prospectiva de la infraestructura vial y el transporte por carreteras que se espera construir con la implementación y gestión de un amplísimo marco legal y normativo que deriva del cumplimiento de un conjunto sistémico de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, de momento, el empeño hace frente a problemas de carácter estructural que discuten la idoneidad de la rectoría y la gobernanza de las políticas públicas de infraestructura, transporte y seguridad vial.
Aspectos jurídicos
En el caso específico de Perú, el aspecto jurídico o, más preciso, el marco jurídico que conduce, promueve, apoya, regula y controla la función de Transporte que abarca los componentes de infraestructura, transporte y seguridad vial, comprende dos grandes contextos: uno interno, para referirse exclusivamente a la legislación referida a la institución, organización y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC- como organismo rector de la política nacional y sectorial de Transporte, por ejemplo, la Ley de Organización y Funciones del MTC N° 29370 y sus modificaciones.
Integración vial
La integración vial sigue siendo un anhelo nacional, condicionado por la interacción de tres factores: uno es la baja densidad del Estado como un problema estructural del Perú que privilegia el centralismo y limita la acción pública en el resto del país y se explica por la falta de caminos y carreteras para integrar los pueblos y articular las economías con los mercados; el segundo, es el mal estado de conservación o mala calidad de los caminos y carreteras que dificultan la movilidad de las personas y el flujo del comercio; y el tercero, es el inadecuado financiamiento público y privado.
Problemática vial
La problemática vial, como se ha indicado, está referida a las brechas de cobertura, calidad y financiamiento de la infraestructura, transporte y seguridad vial; pero dentro de las causas están la calidad de la rectoría y gobernanza de la función de Transporte. Para efectos prácticos, por función debe entenderse que el Estado asigna, distribuye y controla el presupuesto de la República para cumplir las obligaciones que tiene con las personas, la economía y la sociedad, al efecto, ha listado 24 funciones y entre ellas está la de Transporte, como ocurre con Educación, Salud o Vivienda, etc.
Medidas de solución
Las evidencias demuestran que los aspectos o marcos jurídicos existentes son insuficientes para resolver los tres grandes problemas de cobertura, calidad y financiamiento vial que impiden al país avanzar hacia la integración vial nacional, y la esperada integración vial subregional andina, como tal, es urgente atacar las causas que provocan y agudizan esos problemas.
Con respeto a la Rectoría de la función de Transporte, es imperativo abordar el debate parlamentario sobre el rediseño estructural del MTC a partir de un proyecto de ley que procure la institucionalización de la función del Transporte, separándola del MTC que engloba una serie competencias referidas a tipos de transportes, comunicaciones y telecomunicaciones que reducen la rectoría del sistema nacional de Transporte a simples unidades orgánicas. Entre las más visibles están: Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial, Dirección de gestión de infraestructura y Dirección de circulación vial.
Momento decisivo
De modo que el momento es decisivo para el obligado rediseño de las instituciones para asegurar un mejor funcionamiento. En buena hora este importante foro de análisis y revisión del sistema vial terrestre nacional y su relación con los ideales de la Integración Subregional Andina.
(*)Abogado en ejercicio (UNMSM). Maestro en Derecho Empresarial (ULIMA). Doctor en Derecho (UIGV). Doctor en Ciencia Política (URP). Doctor en Educación (PUCP). Miembro Mayor de la Federación Interamericana de Abogados con sede en Washington DC. Presidente del Capítulo Peruano de la FIA. Ex Director de Concesiones Minera. Miembro del Instituto Minero del Perú.
