Ante la destitución de Julián Palacín como miembro del consejo directivo del Indecopi, el Gobierno de Dina Boluarte designó a Karin Cáceres Durango como su reemplazante. Sin embargo, este nombramiento está causando controversia, pues Cáceres Durango, es cercana al gobierno de Boluarte y ha sido secretaria de confianza de Otárola en el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros.
Según la Resolución Suprema, Palacín no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Ley 31419. Sin embargo, esta ley solo se aplica a «funcionarios de libre remoción», no a Palacín, lo que ha llevado a críticas sobre la falta de transparencia y claridad en el proceso de su reemplazo.
La designación de Cáceres Durango como miembro del consejo directivo del Indecopi ha generado preocupación sobre el copamiento de instituciones con designaciones poco claras en el gobierno de Boluarte.
Además de la relación cercana de la nueva jefa del Indecopi con Otárola, también se ha cuestionado la manera en que se llevó a cabo la salida de Palacín del cargo, ya que no se siguió el procedimiento adecuado para casos de falta grave y derecho a la defensa.
Al respecto, el especialista José Távara ha señalado que se ha vulnerado claramente el artículo 6 del DL 1033, que establece el procedimiento para la remoción de cargos en el Indecopi.
La controversia en torno a la designación de Cáceres Durango en el Indecopi destaca la necesidad de una mayor transparencia y claridad en los procesos de designación y remoción de funcionarios en Perú.
La falta de transparencia y la percepción de favoritismo pueden minar la confianza en las instituciones públicas y afectar negativamente la capacidad del gobierno para cumplir con sus responsabilidades en la protección de los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
