La Fiscal de la Nación designó a una abogada especialista en temas civiles como titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y sacó del cargo a Luis Valdivia abogado penalista con experiencia en derechos humanos. Un tema que preocupa.
YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 499-2023-MP-FN, dio por concluido el nombramiento del abogado Luis Enrique Valdivia Calderón, como Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, y su designación en el Despacho de la Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y designar a la abogada Marena Mendoza Sánchez, Fiscal Superior Titular Civil de La Libertad, Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.
Al respecto, el abogado penalista del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Quispe manifestó a Diario UNO, que este es un grave retroceso para los casos graves de violación de derechos humanos que ve el subsistema en el Ministerio Público. “Porque el fiscal Luis Valdivia Calderón era coordinador de las fiscalías superiores penales nacionales y a su vez en la fiscalía supraprovincial ha trabajado casos de derechos humanos. Y cuando ha sido promovido a fiscal superior estuvo viendo casos como El Frontón, la desaparición del periodista del diario La República Jaime Ayala y Huanta 84”.
“Cambiarlo por la fiscal Marena Mendoza que viene de La Libertad, que ha tenido cargos de fiscal superior y de familia, dice mucho de lo que quiere la Fiscal de la Nación, que es destrozar lo que queda de las fiscalías de derechos humanos. Y hacer creer a la gente que ahora hay dos fiscalías: la primera y la segunda, cuando en realidad es la segunda fiscalía la que se ha desdoblado en uno y dos, porque son los mismos fiscales que antes veían derechos humanos en la segunda fiscalía jefaturados por el doctor Valdivia”, advirtió.
Además, destacó: “Lo que no han hecho es reponer a la cantidad de fiscales para ver casos de derechos humanos que antes funcionaban en la primera fiscalía superior penal nacional, que estaba a cargo de: Pedro Orihuela, Luis Pinto, Gino Quiroz, que han pasado a ver casos de terrorismo”.
“Entonces, lo que nos quiere hacer creer con esa resolución la Fiscal de la Nación que está creando dos fiscalías superiores, pero está colocando a una fiscal que verá casos penales cuando nunca ha tenido a su cargo ninguno, encima la pone como coordinadora. No entiendo que si lo que se quiere es buscar la impunidad de graves casos de violación de los derechos humanos, porque Mendoza no sólo tendrá el cargo de coordinadora, sino que tendrá que defender una tesis fiscal ante los juicios orales que tenía el fiscal Valdivia”, aseguró el jurista.
Para Quispe: “Mendoza no tiene ni la especialidad penal ni en derechos humanos y no lo aprenderá en un día. Lo que criticamos es que una persona que ve derecho civil, derecho de familia, divorcios, contratos, que no tienen nada que ver con la justicia penal, ahora este a cargo de la coordinación de derechos humanos, eso provocará un retardo hasta que ella se empape de los casos, haga una buena coordinación. Y todo parece indicar que sería una persona puesta a propósito con una especialidad que no le corresponde para el cargo”.
Suspensión de peritajes
Otra decisión cuestionada de la Fiscalía de la Nación, mediante la Oficina de Peritajes, es la de suspender las atenciones de servicios periciales en la Oficinas de Peritajes a nivel nacional.
Según el abogado penalista de IDL: “Es un retroceso para todos los procesos judiciales que necesiten de peritajes en cualquier tipo de casos. Todos se está paralizando, pero viene desde el año 2022, cuando la Fiscal de la Nación, la cual depende el Instituto de Medicina Legal (IML) y los peritos, han venido estableciéndose una serie de suspensiones, por ejemplo, de los peritajes de los ADN de derechos humanos para establecer si los restos de los cuerpos pertenecen a las personas fallecidas hace muchos años durante el conflicto armado interno”.
“Y ahora en el marco de las protestas sociales, con mayor razón porque se necesitan por ejemplo peritos antropológicos para determinar las condiciones y características propias de una población que viene a ejercer el derecho a la protesta en la ciudad de Lima”, afirmó.
“Hay varias cosas que tienen que ver con estas suspensiones y definitivamente retrasarán los procesos penales, las investigaciones, quedarán suspendidas en sus plazos, porque están supeditados a que la presidencia de la Junta de Fiscales, valoren qué tipo de pericias inmediatas se pueden hacer, pero la regla general es que sea suspendidas todas. Y la Junta de Fiscales de cada distrito fiscal es la que va a determinar que pericias se pueden hacer de manera inmediata o aleatoria”, agregó Quispe.
