El gremio de periodistas cuestionó varios problemas de fondo y señaló que la propuesta resulta atentatoria contra la libertad de información.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un comunicado en el que llamó la atención sobre el proyecto de protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención de periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público, publicado en El Peruano. Según la ANP, el proyecto presenta problemas de fondo y forma de difícil solución.
La ANP destacó la necesidad de replantear el instrumento para atender el problema de la seguridad de los periodistas y comunicadores en el contexto de la protesta social, que no se limita únicamente a lo ocurrido en el país desde el 7 de diciembre último.
En esa línea, refirieron que uno de los mayores problemas que atraviesa el sector en el Perú es la impunidad en la que permanecen las detenciones, agresiones, borrado de material y otros impedimentos a su labor, independientemente del agente agresor.
Además, advirtieron que casi el 50% de los casos de agresiones a periodistas en el último mes de enero fueron responsabilidad de efectivos policiales, y que situaciones similares se han producido en la última década en diversas regiones del país, en contextos de alta conflictividad social, sin que se hayan abierto procesos disciplinarios internos en el cuerpo policial a responsables de los ataques.
En cuanto al mencionado protocolo, la ANP cuestionó varios puntos que generan preocupación. Entre ellos, mencionaron que el documento debe definir qué se entiende por “alteraciones al orden público”, precisando sus dimensiones y alcances, ya que en todos los extremos de la expresión hay riesgo para hombres y mujeres de prensa. Asimismo, se subraya la ausencia de mecanismos para afrontar casos en los que algún o algunos miembros de la Policía Nacional del Perú sean agresores de periodistas, siendo este un problema de fondo; y cuestionaron que el protocolo deja al margen a todos los periodistas que no forman parte del Colegio de Periodistas del Perú o la prensa extranjera acreditada en el país, lo que es discriminatorio e inconstitucional.
Sobre la disposición de que el Viceministerio de Orden Interno desarolle actividades de prevención para que los periodistas y comunicadores “conozcan los peligros de su actividad laboral”, la ANP considera que resulta una formulación inapropiada.
En cuanto al punto 8.2.5. que señala que los periodistas que no cumplan “con las indicaciones brindadas por la policía nacional si se produce alguna afectación a la integridad de los periodistas o comunicadores sociales será bajo su responsabilidad”, la ANP considera que esto contradice el deber que tiene el Estado de protección en todos los momentos y significaría una restricción a la libertad de información, pudiendo constituir,incluso, una medida de censura previa.
“Preocupa que el documento, como casi todo el Estado, atribuya representación exclusiva de sector a Col. de Periodistas. ¿Saben que existen otras instituciones a nivel local, regional y nacional? Además, exigir agremiación a periodistas contraviene estándares interamericanos”, manifestó el secretario general de la ANP, Renzo Chávez.
