En conferencia realizada el lunes en la sede de la CNDDHH, organizaciones sociales, políticos y académicos expresaron su rechazo a la medida del TC que deja en indefensión a la ciudadanía.
En la conferencia de prensa realizada el último lunes en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, diversas organizaciones sociales, colectivos y personalidades de la política nacional y del ámbito académico, expresaron su rotundo rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que resuelve la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República para evitar que el Poder Judicial ejerza su facultad jurisdiccional de control constitucional de los actos legislativos, como son: la elección irregular del Defensor del Pueblo, la tramitación de iniciativas legislativas que vulneran derechos fundamentales y el procesamiento de autoridades electorales.
Entre los asistentes se encontraba presente el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), la Asociación Civil Transparencia, la agrupación Foro Educativo, el Instituto de Defensa Legal del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), FloraTristán, la Asociación Nacional de Centros (ANC), el Colectivo Abogadas Independientes, la agrupación estudiantil Coherencia Universitaria de la PUCP, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la congresista Ruth Luque y la ex congresista Indira Huilca, así como familiares de víctimas que han sufrido violaciones a los derechos humanos como Killa Sotelo y Óscar Pintado.
Magali Gonzalez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo indicó que esta decisión del TC rompe el necesario equilibrio de poderes que debe existir para evitar arbitrariedades, excesos y uso abusivo del poder por parte del Poder Legislativo. Además, esta decisión viola la autonomía e independencia del Poder Judicial al limitar el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces y juezas constitucionales. En ese sentido, informó que realizarán las acciones pertinentes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la vulneración de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, además presentarán denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima por la violación al Estado de Derecho y a la protección de los Derechos Humanos.
Por su parte, Cruz Silva, representante del IDL, señaló que un antecedente directo del cuestionable accionar del TC es la forma en que se eligieron a los actuales magistrados constitucionales, en un proceso plagado de tachas a los candidatos que no fueron debidamente atendidas, como el conflicto de interés del hoy magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse quien había ejercido como abogado de Renovación Popular quien participaba de la Comisión de Selección.
La congresista Ruth Luque y la representante de la CGTP Carmela Sifuentes, incidieron en la necesidad de que esta decisión del TC sea ubicada en un contexto político en el que se observa una peligrosa concentración de poder por parte del Congreso, cuya deslegitimidad social es cada vez mayor (solo cuenta con un 6% de aprobación según reciente encuesta).
Por último, los asistentes coincidieron en exhortar y convocar a la sociedad civil organizada a sumar a sus legítimas exigencias y demandas esta denuncia, y a hacer todos los esfuerzos para defender la autonomía de sus instituciones democráticas y los mecanismos de control del poder.
