NO HAY DUDA QUE EL PERÚ es el país de las oportunidades. Sobre todo, para quienes quieren enriquecerse violando la ley. El último concurso del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) así lo demuestra
Y es que el proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura”
Supuestamente destinado a mejorar los servicios de los más pobres ha acabado siendo entregado a “Consorcio Piura y Castilla” con base en información falsa y sin una carta de línea de crédito que proteja los intereses del Estado. Así el PNSU ha premiado a los infractores con la adjudicación de la obra por un monto de, nada menos, 560 millones de soles. El responsable directo de la irregularidad es el director ejecutiva de la entidad, Jonatan Jorge Ríos Morales, nombrado en dicimbre por decisión de la ministra Hania Pérez de Cuellar. Ríos Morales es un viejo conocido de la administración pública, pues como geente regional de Tacacna acumuló diversos cuestionamientos.
DATOS FALSOS
La liebre saltó cuando se hizo público que en la oferta del Consorcio era la más baja. Nadie de la entidad notó, entonces, que también contenía documentación inexacta y/o falsa y que las experiencias presentadas no cumplían las bases de la licitación.
Para calificar se requería una experiencia por 300 millones de soles. El comité de selección recibió cinco experiencias del Consorcio ganador, pero dos de ellas no calificaban. por lo que fueron descartadas lo que ya conllevaba una irregularidad. Pero este no era sino el comienzo de una serie de inexactitudes que lindan con el fraude. En efecto, la tercera experiencia “acreditaba” un monto de 216 millones en el que se decía que el lugar de la obra era al norte de la carretera Shunfeng, al sur de la autopista Hixiang, al este de la carretera Kesheng y al oeste de Wushangbang, Sin embargo, en el “Certificado de aceptación de obras municipales” se precisa que el verdadero sitio de construcción es el cruce de la calle Shunfeng con la calle Kesheng, Pueblo Naxiang, distrito Jiading. Es como si alguien dijera que ha construido la Carretera Central y, en realidad, hubiese construido solo la calle Central.
La cuarta experiencia también es bamba. Según el “Certificado de Aceptación de Entrega de Obra” reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Wenzhou (ver folio 628) se indica que la fecha de aceptación de entrega de obra fue el 28 de junio de 2018; pero en la misma propuesta se menciona el “Informa de consulta de costos de Proyecto”, solo unas páginas después, aclara que en realidad la obra duró hasta octubre de 2018, es decir cuatro meses después. ¡Error o mentira? Lo cierto es que la información presentada es falsa. Por añadidura, el Consorcio para inflar el monto de su experiencia pretende hacer pasar como obra el servicio de puesta en marcha, distinción que es capaz de hacer un cachimbo de la UNI.
En conclusión, el Consorcio ganador no cumplió con la experiencia requerida para la ejecución contractual de la obra pero aun así fue pasado pro agua tibia por el comité.
SIN CRÉDITO
Pero ojalá los antedichos fueran los unos vicios del proceso, hay uno y más grave pues perjudica directamente los intereses del Estado. La entidad solicita que los postores presenten una línea de crédito que demuestre su solidez económica. El consorcio no cumple con este requisito. En su lugar, solo uno de sus integrantes presenta una carta de línea de crédito, lo que es ilegal pues el postor es la persona jurídica del consorcio. Peor aún, esta línea de crédito solo es válida hasta diciembre de 2023, como la ejecución de la obra tiene una duración de 720 días esto dejaría sin respaldo al Estado por más de un año.
El comité de selección puede hacerse el loco, pero no las autoridades del Ministerio de Vivienda que conforme a la Ley de Contrataciones del Estado están obligados a disponer la nulidad de los actos del procedimiento de selección que contravengan las normas legales. ¿Lo harán el director ejecutivo del PNSU y la ministra Pérez de Cuellar, o tendrá que hacerlo el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado?
Ampliado
“El director ejecutivo del PNSU es ingeniero, Project Management Professional, Scrum Master Certified, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Master of Business Administration por la Universidad de Tarapacá y por la PUCP. ¿Nunca vio las irregularidades?”
El dato
¿DE NUEVO?. El Contralor General de la República es el otro gran ausente. Ya cerró los ojos el año pasado ante la falsificación de documentos en el proceso del hospital de Puno de EsSalud. Sería el colmo que volviera a hacer lo mismo en este escandaloso caso.
