Por Javier Soto
En entrevista con Diario UNO, el exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, manifestó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debería investigar el sospechoso pedido fiscal de archivo del caso que involucra a la hermana de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el pago de sobornos de narcotraficantes. Maldonado calificó también de “muy lamentable” e “inaceptable” el silencio de la titular del Ministerio Público, ante la violenta represión militar-policial, en la protesta social, que ha causado la muerte, por heridas de bala, a más de medio centenar de peruanos.
¿Cómo se entiende el pedido al Poder Judicial, del Fiscal Helder Terán Dianderas, para archivar el caso que involucra a Emma Benavides, hermana de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el pago de sobornos de narcotraficantes?
No se entiende, en lo absoluto. Hay que señalar que el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, es uno de los procesos más graves de corrupción y de captura de un poder del Estado, en un contexto de democracia y, además, vinculado al crimen organizado o a las organizaciones criminales; y nada menos que al narcotráfico. El antecedente previo es la captura del Poder judicial por la dictadura fujimorista. Pero después de eso, en democracia, éste es el caso más grave de la captura del sistema penal de justicia. Por tanto, lo que usted me señala es muy grave e inaceptable.
Entonces, ¿ahora queda claro el por qué la titular del Ministerio Público Fiscal se empeñó en retirar del caso a la Fiscal encargada, Bersabeth Revilla?
Sí, me parece que de parte de la Fiscal de la Nación no hubo una actitud coherente con la creación, por ejemplo, de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos de Poder, ya que a la vez encubría, abusando de su poder y extendiendo un manto de impunidad, a las investigaciones contra su hermana o sus hermanas.
Sin embargo, parecería que los organismos de control del sistema jurisdiccional nacional hiciesen oídos sordos, ante este escándalo del pedido fiscal de archivo de este caso, que alcanza a la hermana de la Fiscal de la Nación, ¿verdad?
Me parece además que esta actitud de la Fiscal, Patricia Benavides, lesiona gravemente el principio del ejercicio de la acción penal pública, que está a cargo del Ministerio Público, y genera instancias de impunidad que son muy graves, las que deberían ser investigadas por la Junta Nacional de Justicia.
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¿Cuál debería ser la respuesta del Poder Judicial, ante este cuestionable pedido fiscal?
No, el Poder Judicial no tiene porqué adoptar la misma dinámica procesal. El Poder Judicial debiera rechazar esta maniobra, y disponer que la investigación continúe. Y porque, además, tiene tres intereses. En primer lugar, es el primer interesado en que este asunto se investigue hasta las últimas consecuencias, porque de trata nada menos que de su subsistema penal de justicia que estuvo, y está, posiblemente está comprometido, como lo demuestra este caso. En segundo término, porque la impunidad no puede extenderse. Ya tenemos el caso del juez supremo prófugo en Europa (César Hinostroza), respecto del cuál la Fiscal de la Nación tampoco ha hecho nada relevante. Y, en tercer lugar, el Poder Judicial tiene el deber, en la parte que le corresponde de las sanciones, y de cara a sus compromisos internacionales, de luchar contra el crimen organizado, narcotráfico y contra la corrupción, de imponer las sanciones más severas que sean posibles, a los actores involucrados en esos delitos.
¿Existe el peligro de que la impunidad se consagre en este asunto, que se relaciona directamente con la titular del Ministerio Público?
Ciertamente, la acción adoptada por el fiscal (Helder Terán) de solicitar el archivo de esta investigación revela el grave e inminente peligro, real y objetivo, de que se genere una situación de impunidad. Esta situación de impunidad generalmente es buscada por los abogados de los investigados cuando están vinculados a delitos de poder, pero, en este caso, si es perseguida por el Ministerio Público, que es el mismo titular de la acción penal pública y quien tiene a su cargo la carga de la prueba, el onus probandi. Esto es mucho más grave aún y compromete, además, la responsabilidad del Estado, de cara a su deber de investigar y sancionar los graves crímenes, en particular, los de corrupción, vinculados a la captura de áreas o sectores de poder en el Estado. En este caso, de la justicia penal, respecto de su acción frente a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
En ese contexto, ¿es acaso un distractivo, para desviar la atención, la información sobre la culminación del procesamiento y análisis de los 14 mil audios relacionados con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”?
Mire, éso no lo sé. Pero lo que sí creo que es importante recalcar es que el caso “Cuellos Blancos del Puerto” es uno de los más emblemáticos y paradigmáticos de captura del sistema penal de justicia, por parte del crimen organizado y, en particular, del narcotráfico. Por lo tanto, allí la única opción que tiene el Estado peruano es investigar hasta el final, y sancionar hasta el final. Cualquier desviación de ese deber, tiene que ser investigado por la Junta Nacional de Justicia, so pena de que también sea cómplice de ese esquema de impunidad.
En otro orden cosas, ¿qué opinión le merece igualmente el silencio de la Fiscal Benavides, ante las acciones militares y policiales en la protesta social, que han causado la pérdida de más de medio centenar de vidas, en las regiones del país y Lima Metropolitana?
Su silencio me parece muy lamentable y nuevamente, también, inaceptable. El Ministerio Público tiene el deber de investigar las presuntas vulneraciones de los derechos de los derechos humanos. Sobre todo, máxime si éstos están vinculados al ejercicio de los derechos de reunión, de protesta pacífica; o incluso, si es violenta, también hay que investigarla. En todo caso, hay que decir que el ejercicio de los derechos políticos no se suspende por los estados de excepción y de emergencia. En consecuencia, no hay ninguna razón jurídica, y menos moral o política institucional, en términos de política criminal, de parte de la Fiscal de la Nación, para mantener silencio y no ejercer el deber que tiene como líder del Ministerio Público, de investigar con rigor y objetividad, en la perspectiva de hallar a los culpables de estos graves hechos.
