Mientras el Ministerio Público se constituye en un pilar institucional para el terruqueo masivo de manifestantes, tras crear las fiscalías de “terrorismo” y debilitar las fiscalías de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, y su núcleo familiar, al considerar que «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, teniendo en cuenta que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo en Perú».
Esta medida se basa en los argumentos expuestos por Benavides, quien durante el gobierno de Pedro Castillo denunció, entre otros, que habría “una campaña pública impulsada por sectores sociales y políticos que buscan desprestigiarla a través de desinformar sobre las decisiones de gestión de la fiscal”.
Al respecto, la exministra de Cultura y activista por los derechos humanos, Gisela Ortiz, recordó que “en Perú se asesinan a 60 personas a balazos, se tiran bombas y perdigones al cuerpo, se tortura, se detiene arbitrariamente, se restringe a prensa,se siembran pruebas y se acusa a manifestantes como organizaciones criminales o terroristas; y la CIDH otorga medidas a quien es parte de esto”
Lo señalado por Ortiz refiere claramente a la decisión del Ministerio Público, con Benavides a la cabeza, de debilitar las fiscalías de derechos humanos y en contraparte crear las fiscalías de terrorismo y delitos conexos, en las cuales según advirtió a Diario UNO el abogado Juan José Quispe, ya se han creado más de mil carpetas fiscales, en una masiva campaña de amedrentamiento a los manifestantes contra el Gobierno y el Congreso.
Otra de las incoherencias de la decisión de la CIDH es que refiere en su nota de prensa que Benavides y su familia se encontrarían en riesgo “debido al actual contexto de crisis institucional y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad al frente de la Fiscalía General de la Nación”. Sin embargo, los cuestionamientos reciente a la fiscal de la Nación se basan también por la demora en tomar testimonios a los afectados de la represión gubernamental, y por la presunta falta de rigurosidad en el enfoque de las investigaciones por “genocidio” sobre las decenas de muertes a manos de la represión, lo que podría generar que el caso se caiga y se genere un marco de impunidad.
