La presidenta Dina Boluarte y un grupo de sus ministros y exministros relacionados con el manejo de la protesta social, junto con otras autoridades del Estado peruano, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la presunta comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad, por su desempeño en este tema.
Los autores de la referida denuncia son un colectivo de abogados de Arequipa, e identifican entre los ministros imputados al presidente del Consejo, Alberto Otárola, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, José Tello; así como los exministros Pedro Angulo (PCM), César Cervantes y Víctor Rojas (Interior).
En los considerandos que sustentan la citada demanda se indica que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte “promueve una política sistemática de represión desbordada en contra de la población”.
El texto advierte igualmente que “las autoridades, vía la declaración de estado de emergencia nacional, vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos”.
“Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”, detalla el documento.
Congresistas, fiscal de la Nación y jefe de la PNP también son demandados
Adicionalmente, el mencionado colectivo de letrados comprende también en su denuncia penal a los congresistas Jorge Montoya y Patricia Chirinos, por calificar a los protestantes de “terroristas y criminales”. Los acusan de instigar y convocar la represión por parte de las fuerzas del orden.
De igual modo, otra autoridad estatal denunciada es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, “por desmantelar el subsistema de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo”. “Con la creación y división de las fiscalías señaladas líneas arriba, se reduce la capacidad operativa para investigar las 52 muertes por disparos de armas de fuego, que se han producido durante las protestas ciudadanas”, especifica.
Finalmente, la denuncia incluye al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, por las cuestionadas intervenciones a los locales de Nuevo Perú y de la Confederación Campesina, con el fin de intervenir a manifestantes de las regiones.
