Renuncia de Boluarte, nueva Constitución y elecciones en 2023

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    Por. Luis Villanueva Carbajal

    Secretario general de la FTCCP

    “… el estado de emergencia decretado se siente como una amenaza real, pues existen ya 21 muertos”.

    Miles de trabajadores en construcción civil nos movilizamos en todo el Perú este jueves 15 de diciembre en la Jornada Nacional de Lucha convocada por la CGTP y la Asamblea Nacional de los Pueblos ante la crisis política que vive el país. Las demandas son claras: adelanto de elecciones para abril de 2023, Asamblea Constituyente y una reforma política que asegure una verdadera representación popular.

    Es legítimo el desprecio de la población por un Congreso que en los últimos seis años ha intensificado su ataque a la democracia, pues ello ha dado como resultado que en seis años hayamos tenido seis presidentes, generando una inestabilidad política, económica y social crónica, nunca antes vista en el Perú. Desde 2016, los presidentes en el Perú son descartables. Los peruanos sienten que la democracia ha sido secuestrada por una dictadura parlamentaria, aunque el verdadero poder se encuentra en las sombras. Y eso debe acabar.

    Existe una brecha social no solo económica, donde hasta los servicios públicos como la electricidad, el agua, la salud y educación son un lujo para millones de peruanos; porque la riqueza no se distribuye equitativamente.

    En ese contexto, el estado de emergencia decretado se siente como una amenaza real, aún más cuando existe una veintena de muertos por el uso desmedido de la fuerza policial y no hay quién pague por estos crímenes; además, políticos y medios de comunicación estigmatizan la protesta mediante el conocido “terruqueo” ante las demandas populares.

    Para solucionar la crisis tiene que renunciar Dina Boluarte, convocarse a elecciones generales para los primeros meses de 2023 y abrir un proceso constituyente donde se garantice la verdadera representación popular y no solo participen los grupos que están detrás del poder en el Perú. Aplazar las elecciones a 2024 o a fines de 2023 es inaceptable.