Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general de la FTCCP
“… es necesaria una Ley de Contrataciones de Obra Pública que permita frenar la corrupción y asegure el cumplimiento de los beneficios del régimen especial laboral de construcción civil”
La crisis que vive el Perú ha sido originada por enfrentamientos políticos desde un sector del Congreso hacia el Ejecutivo, crisis que ha volcado el descontento de la población a las calles.
Esta crisis ha generado en la actualidad veintisiete muertos y cientos de heridos en las diversas protestas a nivel nacional. Y desde antes de las protestas sociales, el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo han agudizado el desempleo y el hambre.
Con esta crisis política, no se ha logrado una reactivación económica eficaz; por el contrario, a la escasez del empleo se suma el incremento de la delincuencia.
Para comenzar a resolver los problemas del Perú, es importante solucionar la crisis política con estricto cumplimiento del mandato popular, escuchar las demandas del pueblo en las calles y dejar de dilatar los cambios que el Perú necesita.
Traducido al sector construcción, se debe destrabar y reactivar las obras paralizadas, así como impulsar el sector inmobiliario y grandes obras de infraestructura para recortar las brechas en salud, educación, agua y desagüe, entre otros. Ello reducirá el desempleo, reactivará las precarias economías locales y dotará de servicios básicos a la población.
Además, es necesaria una Ley de Contrataciones de Obra Pública que permita frenar la corrupción y asegure el cumplimiento de los beneficios del régimen especial laboral de construcción civil en las obras del Estado, para evitar recorte de salarios, entre otros delitos.
El Gobierno en su conjunto debe combatir a las mafias del crimen organizado que se disputan las obras para extorsionar trabajadores y empresarios. Desde 2011, estas mafias han asesinado a 21 dirigentes de sindicatos de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) tan solo por defender su derecho al trabajo, lo que demuestra que en el Perú el derecho a la vida es un falso derecho.
