El Puerto de Chancay, megaproyecto estratégico de más de US$ 3 500 millones y uno de los nodos logísticos más ambiciosos de Sudamérica, está en el centro de una disputa que involucra la fiscalización estatal y los intereses de capitales chinos.
Un fallo judicial reciente limita las funciones de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre la supervisión, fiscalización y sanción en el terminal a favor de Cosco Shipping.
La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, anunció que apelará el fallo y defendió en que “no es atribución de Cosco decidir quién fiscaliza”. Aclaró que la entidad existe para regular mercados y evitar abusos monopólicos en servicios públicos, y que la Ley Portuaria obliga a supervisar a quienes prestan servicios al público.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también se pronunció, al señalar que Chancay “debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano” y que, de ser necesario, hará uso de “recursos procesales que la ley le faculta” para defender la normativa.
Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recordó que múltiples organismos estatales, como la Autoridad Portuaria Nacional y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), ya tienen presencia en el puerto para ejercer controles específicos.
Desde su puesta en marcha, el terminal de Chancay ha movilizado cerca de US$ 1 880 millones en comercio entre enero y octubre de 2025, equivalente a casi 1,8 % del PBI peruano, y ha generado más de US$ 230 millones en recaudación aduanera, según cifras oficiales. La magnitud del proyecto lo convierte en pieza clave del comercio transpacífico.
Defensa y contexto internacional
Cosco Shipping Ports Chancay Perú afirmó, en un comunicado, que el fallo de la justicia peruana no implica que el Estado pierda capacidad de control o supervisión, y que la administración del puerto “no significa afectación alguna de la soberanía nacional”, pues no hay extraterritorialidad política ni tributaria.
A nivel internacional, análisis publicados por Reuters y The Wall Street Journal han destacado que las disputas regulatorias en proyectos vinculados a China en América Latina suelen tener impacto directo en decisiones de inversión en minería, energía e infraestructura, sectores donde en Perú existen compromisos superiores a US$ 10.000 millones según el Ministerio de Energía y Minas.
En Perú, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, han señalado en entrevistas con RPP Noticias que “la seguridad jurídica y la claridad regulatoria son determinantes para sostener el flujo de capitales asiáticos en sectores estratégicos”.
En la misma línea, el internacionalista Carlos Aquino, especialista en Asia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advirtió en declaraciones recogidas por El Comercio que un conflicto prolongado en torno al Puerto de Chancay podría enviar “señales contradictorias” a futuros inversionistas chinos.
El caso de Chancay se convierte así en un prueba sobre cómo equilibrar regulación soberana y atracción de capital extranjero, con impacto directo en la percepción de Perú como destino de inversión responsable.
