Más de 500 docentes denunciados por violación sexual fueron impedidos de ser contratados, pero los procesos penales aún están pendientes
El director general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Minedu), José Moreno, informó que todas las denuncias de agresión sexual en las que están implicados docentes o personal de instituciones educativas de Condorcanqui, en la región Amazonas, son procesadas administrativamente por la UGEL de esa localidad.
Precisó que, desde las áreas involucradas del Minedu, se ha brindado apoyo en la formulación de informes técnicos y el acompañamiento a la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios. Además, se ha bloqueado en los sistemas a 513 docentes denunciados para impedir su contratación en las UGEL o instituciones educativas del ámbito nacional, así como su postulación al concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
El funcionario explicó que las últimas informaciones que se han difundido sobre el tema están relacionadas con la lentitud de los procesos penales, los cuales deben derivar en penas de cárcel efectivas y son de competencia del Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Nuestras acciones son de carácter administrativo: evitan la contratación o disponen el retiro del docente de la institución educativa; sin embargo, no garantizan que el agresor se aleje de la víctima, ya que en muchos casos pertenecen a la misma comunidad e incluso son vecinos”, señaló.
Advirtió que esta situación tiene un impacto profundamente negativo en los estudiantes, pues la permanencia del agresor en libertad afecta su bienestar emocional y repercute en el logro de los aprendizajes, porque la violencia es uno de los factores asociados a los bajos resultados educativos.
Asimismo, subrayó que el Ministerio Público y Poder Judicial son las entidades encargadas de la investigación y de los procesos penales y de sancionar a los responsables con penas privativas de libertad.
En ese sentido, señaló que la intervención del sector Educación culmina en sanciones administrativas, como la destitución, lo que impide el retorno del agresor a una institución educativa, pero no necesariamente su permanencia en la comunidad. Por ello, remarcó la importancia de que las instancias competentes actúen con celeridad para garantizar la protección integral de los estudiantes.
