Acusan al Gobierno de vulnerar la Constitución y abrir la puerta al control privado de la petrolera estatal.
Decreto de Urgencia 010-2025 permitiría despidos masivos y desmantelamiento del régimen especial de Petroperú
La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, norma emitida por el Ejecutivo a fines de diciembre de 2025 que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú.
El decreto fue presentado oficialmente como una herramienta para enfrentar la crisis económico-financiera de la empresa estatal y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles. Sin embargo, para la Defensoría, su contenido vulnera principios constitucionales básicos y pone en riesgo el carácter estratégico y público de Petroperú.
UN DECRETO
INCOMPATIBLE CON LA
CONSTITUCIÓN
Uno de los ejes centrales de la demanda es la incompatibilidad del decreto con el artículo 60° de la Constitución, que reconoce el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, pero excluye expresamente a Petroperú del régimen de promoción de la inversión privada. Esta exclusión ha sido reforzada por la Ley N.º 28244, que otorga a la empresa un régimen jurídico especial por su importancia estratégica. Según la Defensoría,
el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 introduce mecanismos que, en los hechos, someten a Petroperú a un régimen propio de empresas privadas, lo que no puede hacerse sin una reforma legal debatida y aprobada por el Congreso.
VULNERACIÓN
DE LA JERARQUÍA
NORMATIVA
La demanda también advierte que un decreto de urgencia no puede modificar, desnaturalizar ni vaciar de contenido una ley formal y permanente. Al alterar el marco legal que protege a Petroperú, el Ejecutivo habría vulnerado el principio de jerarquía normativa y el principio de especialidad, pilares del orden constitucional.
DERECHOS LABORALES
EN RIESGO
Otro punto crítico señalado por la Defensoría es el impacto del decreto sobre los trabajadores. La norma permitiría despidos masivos, reestructuraciones y cambios profundos en la organización empresarial sin una base legal suficiente, afectando derechos laborales fundamentales y debilitando la estabilidad de la empresa estatal.
PRIVATIZACIÓN SIN
DEBATE DEMOCRÁTICO
Aunque el decreto no menciona explícitamente la palabra “privatización”, la Defensoría sostiene que varias de sus disposiciones facilitan una privatización encubierta, al abrir la puerta a la transferencia del control operativo o económico de Petroperú a terceros privados. Todo ello, advierte, sin debate parlamentario, sin control político y sin legitimidad democrática.
LOS RESPONSABLES
DEL DECRETO
La acción de inconstitucionalidad está dirigida
contra:
• El Presidente de la
República
• El Presidente del Consejo de Ministros
• El Procurador Público de la PCM por su participación en la expedición y defensa del decreto ante el Tribunal Constitucional.
Opinión: una acción necesaria frente al desmantelamiento del Estado
La demanda presentada por la Defensoría del Pueblo no solo es jurídicamente sólida, sino políticamente necesaria. En un contexto en el que Petroperú ha sido debilitada por decisiones financieras erráticas, mensajes contradictorios del Ejecutivo y una clara falta de respaldo estatal, el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 aparece como el paso final hacia su descuartizamiento institucional.
Bajo el discurso de la “reorganización”, el Gobierno ha intentado imponer un modelo que reduce a Petroperú a un activo a ser administrado, concesionado o transferido, despojándola de su rol estratégico en la seguridad energética del país. La acción de la Defensoría pone un freno a esta lógica y devuelve el debate al terreno que nunca debió abandonar: el control constitucional y el debate democrático.
Si el Tribunal Constitucional actúa con independencia, esta demanda puede convertirse en un hito para defender el patrimonio público, los derechos de los trabajadores y la soberanía energética del Perú. Lo contrario significaría legitimar que, mediante decretos de urgencia, cualquier empresa estratégica del Estado pueda ser privatizada por la puerta falsa.
