- La crisis de representatividad y la amenaza de conflictos electorales ponen a prueba la gobernabilidad y la transparencia del próximo sufragio nacional.
Por: Mag. Edgar Nina Anchapuri
Especialista de Conflictos Electorales
El próximo 12 de abril de 2026, el Perú se enfrenta a un espejo determinante. Más de 27 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir un nuevo diseño del poder: Presidente, dos vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Sin embargo, detrás de la frialdad de las cifras —donde las mujeres (50.4%) y los jóvenes de entre 18 y 29 años (25.2%) ostentan el peso del padrón— se esconde una realidad inquietante: un sistema político atomizado que bordea la inoperancia.
La presencia de 34 candidaturas presidenciales no es un síntoma de salud democrática, sino la radiografía de una crisis de representatividad terminal. Esta proliferación de siglas, muchas de ellas creadas con fines meramente electorales, evidencia la debilidad institucional y la falta de estructuras partidarias sólidas que respondan a proyectos nacionales coherentes. La ciudadanía observa con preocupación la emergencia de agrupaciones sin identidad ideológica clara ni cuadros técnicos definidos. La pregunta es inevitable: ¿Puede un sistema tan fragmentado y debilitado garantizar un proceso estable y legítimo?.
La conflictividad electoral no es solo una posibilidad; es una sombra que ya se proyecta sobre el proceso. Entendida como toda situación de tensión o enfrentamiento social e institucional desde el registro de candidatos hasta la proclamación de resultados, esta puede derivar en protestas, bloqueos y desinformación. Ante este riesgo, herramientas como el Mapa de Alerta de Conflictos Electorales (Mace) resultan vitales para identificar la magnitud del conflicto y facilitar respuestas inmediatas que eviten el desborde de la violencia política.
La percepción del electorado es, quizás, el flanco más vulnerable. Existe un temor latente a la manipulación de resultados, alimentado por una gestión de los organismos electorales que aún no demuestra la autonomía ni transparencia necesarias. La ciudadanía percibe una cancha inclinada: desigualdad en recursos de campaña, acceso mediático asimétrico e intervención de actores externos como el crimen organizado. El Congreso actual, lejos de blindar la institucionalidad, ha contribuido al desgaste de los poderes del Estado, profundizando una crisis de legitimidad que paraliza los servicios públicos y polariza a la sociedad.
Frente a este escenario de erosión democrática, el trabajo articulado es el único antídoto contra el caos. La tríada conformada por RENIEC, ONPE y el JNE debe operar como un reloj suizo para garantizar transparencia y aplacar las sospechas de fraude. La prevención de crisis, el acompañamiento de veedores internacionales y el resguardo de las Fuerzas Armadas son piezas clave para que el sufragio se desarrolle en un clima de orden y respeto. Solo mediante una coordinación efectiva se podrá asegurar no solo el acto de votar, sino la gobernabilidad de un país que ya no soporta más inestabilidad.
