El abogado y empresario del transporte, Gari Peralta, candidato a Diputados por Lima en la Lista con el número 20, por el Partido País para Todos, cuestionó duramente el rol de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), señalando que ha dejado de cumplir una función reguladora para convertirse en un mecanismo de castigo social y exclusión económica.
Desde su experiencia en el sector, sostuvo que la ATU no combate la informalidad, sino que persigue a pequeños emprendedores de sectores vulnerables que buscan progresar mediante el trabajo independiente. Indicó que el actual modelo sancionador no promueve la formalización, sino que destruye oportunidades económicas y estabilidad social.
Peralta denunció la imposición de multas desproporcionadas que superan los 20 mil soles, incluso cuando el valor del vehículo es menor que la sanción, calificando este sistema como confiscatorio y contrario a cualquier lógica de regulación justa. Señaló que estas medidas no corrigen la informalidad, sino que despojan a los trabajadores de su herramienta de trabajo y profundizan la exclusión.
Recordó además un caso que impactó a la opinión pública, en el que una persona prefirió incendiar su propio vehículo antes que entregarlo al sistema de multas, al no poder pagar la sanción impuesta. Indicó que este hecho refleja la dimensión humana del problema y evidencia un Estado que ha dejado de proteger para comenzar a asfixiar a quienes solo buscan trabajar. Sostuvo que estas medidas no afectan solo a individuos, sino que destruyen economías familiares completas, generando mayor precarización social.
De llegar al Congreso como Diputado, Gari Peralta plantea una reforma estructural del modelo regulatorio del transporte urbano, basada en justicia social y desarrollo económico, que incluya la reforma inmediata de la escala de sanciones, eliminación de multas confiscatorias, un enfoque correctivo y no punitivo, procesos de formalización progresiva con acompañamiento técnico, políticas públicas de inclusión económica y una regulación con enfoque humano y social. Finalmente, reafirmó su compromiso con una política pública centrada en la dignidad humana, basada en la creación de oportunidades reales, reglas justas y un Estado que acompañe en lugar de perseguir.
