El 11.er Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao dictó 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Socios del Callao’.
El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, por su presunta participación en los delitos de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso conocido como “Los socios del Callao”.
La medida fue dispuesta por el juez Edie Walther Solórzano Huaraz, del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, luego de más de diez días de audiencias y la evaluación parcial del requerimiento fiscal. La resolución también alcanza a otros ocho investigados vinculados a la presunta red criminal.
Castillo, que se encuentra en condición de no habido desde diciembre de 2025, es señalado como uno de los principales responsables del esquema investigado. El juez ordenó su ubicación y captura inmediata a nivel nacional e internacional para garantizar su presencia en el proceso judicial.
La medida fue anunciada tras una extensa audiencia en la que el juez Edie Solórzano Huaraz determinó la existencia de elementos suficientes para disponer la detención preventiva de los investigados. Según la tesis fiscal, funcionarios y proveedores del Gobierno Regional del Callao habrían conformado una red dedicada al direccionamiento de contratos públicos, con el objetivo de beneficiar intereses particulares y eludir los procedimientos regulares de contratación.
Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preentiva contra el gobernador del Callao Ciro Castillo. Fuente: Poder Judicial / X
Prófugo desde diciembre y operativo policial en marcha
La decisión judicial incluyó la orden de ubicación y captura inmediata de Castillo Rojo Salas, quien se encuentra prófugo desde diciembre de 2025. El magistrado Solórzano Huaraz dispuso que la policía intensifique los operativos para dar con su paradero, medida que también afecta a otros implicados cuya detención preliminar se concretó el 15 de diciembre y que permanecen bajo custodia de la Policía Nacional del Perú.
El caso ha generado una notable conmoción pública, no solo por la gravedad de las acusaciones formales, sino también por la atmósfera de presión y posibles amenazas detectadas durante el desarrollo de la audiencia. El propio juez Solórzano Huaraz relató en la sesión que, antes de iniciarla, recibió una llamada telefónica no solicitada de un familiar de uno de los procesados, Jimmy Alexander Whu Cárdenas. El magistrado dejó constancia de este hecho en la audiencia y señaló: “Este juzgado rechaza cualquier forma de presión, insinuación o comunicación extraprocesal, las cuales se adoptan única y exclusivamente sobre la base de lo actuado en el proceso”.
Presiones y comunicaciones extraprocesales
La irregularidad del contacto, ajena a los canales legales establecidos, motivó que el juez anunciara la comunicación inmediata del hecho a las autoridades competentes para su evaluación. Según fuentes citadas por La República, el magistrado habría recibido además comunicaciones de carácter intimidante con la aparente finalidad de influir en su decisión sobre la prisión preventiva, en un contexto donde la fiscalía impulsaba un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el gobernador y otras doce personas.
Entre los involucrados en la investigación fiscal destacan, además de Castillo Rojo, Hiromi Zúñiga Jauregui, Wilmer Meza Natividad, Nancy Oriundo Quilca, Víctor Yancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas, César Edilberto Arango Huaringa, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaisa Gutiérrez y Carmen Haydee Blanco Rivera. La lista revela la amplitud del caso, que abarca funcionarios de diversos niveles y proveedores presuntamente vinculados a la red investigada.
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Estructura de la organización investigada
De acuerdo con la fiscalía, Castillo Rojo Salas habría desempeñado un papel clave al designar asesores y estructurar políticas internas que permitieron favorecer a determinados proveedores, varios de ellos vinculados a su entorno cercano. Esta estructura, según los investigadores, habría facilitado la manipulación de procesos de contratación pública en el Callao, en perjuicio de la transparencia y la legalidad administrativa.
Desde que se dictó la orden de detención, Castillo Rojo ha negado las acusaciones y se ha declarado inocente. Sin embargo, una sala de apelaciones ratificó la medida, tras rechazar el pedido de su defensa para anular la orden de captura. La contundencia de la decisión judicial y la ratificación en segunda instancia refuerzan el peso de la investigación en curso.
El Grupo GRECO y agentes de investigación resguardan accesos en la zona residencial de La Punta tras la intervención. | BDP
Respuesta policial y expectativa en el Callao
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, abordó el caso en declaraciones a Exitosa, donde también se refirió a la situación de otros prófugos relevantes como Vladimir Cerrón y el exministro Juan Silva. Consultado sobre los avances en la búsqueda de Castillo Rojo, Arriola evitó brindar detalles operativos, pero aseguró: “La policía actúa y no se detiene un solo segundo, con inteligencia operativa, con actos de investigación, con actos en cuadrantes de prevención y de descarte de líneas de investigación, de hipótesis, de ubicación, hasta el momento en que se llegue la captura de alguno de los que ha mencionado o de cualquier prófugo de la justicia”.
El proceso judicial contra Castillo Rojo Salas y su entorno continuará en los próximos meses. Mientras tanto, el Callao permanece atento al desenlace de un caso que ha puesto a prueba los mecanismos de control institucional y ha expuesto la vulnerabilidad de las estructuras regionales frente a la corrupción. La sociedad espera que las investigaciones avancen sin interferencias externas, con pleno respeto al debido proceso y transparencia en cada etapa.
