Una valiente ciudadana ha levantado la voz contra lo que podría ser un nido de corrupción en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Diana Lucero Amaya Pingo, una mujer decidida a destapar la verdad, presentó una denuncia explosiva ante el congresista Américo Gonza Castillo, quien ha disparado una solicitud oficial al alcalde Walter Jesús Soto Campos. “¿Qué se esconde detrás de esas adjudicaciones millonarias? ¡Esto huele a favoritismos y maniobras oscuras en el manejo de fondos públicos!”, afirmó Amaya Pingo.
Todo comenzó el 30 de diciembre de 2025, cuando la denunciante envió una carta al despacho del congresista Gonza Castillo exigiendo transparencia en varios procesos de contratación pública de la municipalidad. En un oficio fechado el 5 de enero de 2026 (número 5839-2025-2026-AGC-CR), Gonza Castillo traslada la denuncia al alcalde Soto Campos, demandando información detallada y documentada sobre adjudicaciones que podrían estar teñidas de irregularidades. “Hay una gran cantidadad de empresas favorecidas una y otra vez en licitaciones que involucran obras clave para la comunidad”, señaló Amaya Pingo.
Entre los puntos calientes que el congresista pone bajo la lupa están las licitaciones donde la empresa Geomart EIRL se llevó la buena pro. Ante ello, la autoridad edil deberá responder cuántas veces y bajo qué condiciones esta empresa ganó licitaciones, y deslindar si hubo tratos preferenciales. Similar cuestionamiento deberá responder por las licitaciones con Servicios Generales Alperfer EIRL, otra firma que habría sido bendecida con contratos jugosos, además de la empresa Jhonay, que también aparece en el radar de las adjudicaciones sospechosas al no reunir los requisitos necesarios para licitar con la citada municipalidad.
Gonza también exige todos los detalles sobre la licitación para la pavimentación de la Avenida Aviación en el Pueblo Joven Villa María, pues se trata de una obra que debería beneficiar a los vecinos, pero está envuelta en manto de dudas.
Llamado de alerta
El alcalde Soto Campos debe responder en el plazo legal, con copia a la denunciante, o podría enfrentar un escrutinio aún mayor. Gonza Castillo fundamenta su pedido en la Constitución Política del Perú (artículo 96°) y el Reglamento del Congreso, recordando que los congresistas tienen el deber de vigilar el uso de los recursos públicos.
“Esta denuncia no es un capricho: es un grito de alerta contra posibles abusos en la administración local”, señaló Diana Lucero Amaya Pingo.
