Columna Panorama electoral
Por Marco Cáceres
La política peruana ha entrado en una fase en la que la delincuencia dejó de ser un telón de fondo para convertirse en un actor central. Los atentados recientes contra Rafael Belaunde Llosa y otros aspirantes, sumados al asesinato de un precandidato al Congreso, revelan que la violencia ya no se limita a ciudadanos comunes, emprendedores, transportistas o propietarios de colegios, ahora se dirige a quienes buscan representarnos. Este salto es decisivo y altera de raíz la naturaleza de la campaña electoral rumbo al 2026.
Cabe destacar que el Perú no es el primero en recorrer este camino. Ecuador es el espejo más cercano. Allí, los asesinatos de candidatos como Fernando Villavicencio en 2023 y los ataques a varios aspirantes locales transformaron completamente la campaña electoral, al punto que miles de ciudadanos dejaron de asistir a actos públicos, los partidos restringieron recorridos y la discusión política se desplazó del debate programático a la supervivencia. El resultado fue un proceso bajo estado de excepción, marcado por el miedo y por el crecimiento del voto emocional, punitivo y volátil.
Ese precedente debe preocuparnos porque Perú se acerca a ese camino; y cuando la agenda pública queda capturada por la violencia, los electores votan desde el pánico, no desde la convicción, se debilitan la deliberación, la competencia programática y la fiscalización ciudadana. Y, peor aún, se abre la puerta a propuestas autoritarias que prometen “mano dura” sin instituciones, sacrificando libertades en nombre de la seguridad.
El Estado peruano debe evitar ese punto de no retorno. Sin garantías mínimas, la campaña del 2026 corre el riesgo de convertirse en una disputa bajo amenaza, donde la política se vuelve un privilegio de quienes tienen seguridad privada o de quienes pactan con organizaciones criminales para sobrevivir. Si permitimos que la violencia defina quién puede competir, ya no hablaremos de elecciones libres, sino de elecciones condicionadas.
Por eso, proteger a los candidatos es proteger al país. Proteger al votante es proteger la República. En esta elección, la seguridad no es un tema más, es la frontera entre una democracia en tensión y una democracia en retirada.
Es pues urgente que la respuesta desde el gobierno central sea contundente y que los partidos políticos dejen de lado sus apetitos personales para unirse contra la delincuencia.
