Parlamentaria es investigada junto a su esposo Fernando Meléndez. exgobernador de Loreto, por lavado de activos
Inusual encuentro ocurrió la noche del 15 de noviembre último y fue para gestionar proyecto de Ley que beneficia a representantes del Ministerio Público y debatir sus reclamos laborales.
Un grupo de fiscales provisionales de Loreto se reunió la noche del 15 de noviembre en Iquitos con la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Rosio Torres Salinas, para debatir un pliego de reclamos laborales. La reunión, confirmada por la propia parlamentaria, ha generado controversia debido a la presencia de magistrados que mantienen investigaciones activas contra Torres y su entorno familiar.
La cita tuvo lugar en el inmueble de la magistrada Rossana Shuña Viena, de la
Tercera Fiscalía Provincial Penal de Maynas, y fue documentada por la propia congresista, quien compartió fotografías del encuentro en su cuenta de Facebook ese mismo día.
“Acudí a la invitación de los fiscales provisionales de Loreto – Maynas, quienes expusieron una situación que viene afectando directamente sus derechos laborales y el adecuado
funcionamiento del sistema de justicia”, escribió Torres en la red social.
FISCAL EN LA
NEGOCIACIÓN
Lo que la congresista Torres no mencionó en su publicación es que varios de los asistentes al encuentro son los mismos que la investigan a ella o a su esposo, el exgobernador Fernando Meléndez, quien registra 171 carpetas fiscales.
Entre los identificados en la instantánea que publicó Torres se encuentra la fiscal Rosa Risco Inga, de la Cuarta Fiscalía Provincial de Maynas, que tiene a su cargo la Carpeta Fiscal 1365-2024 contra el exgobernador Meléndez, investigado por lavado de activos por utilizar a Nathaly Rubio Yllatopa, exasistente del despacho de la congresista Torres, para recibir fondos durante la campaña regional de 2022.
La fiscal Risco, tiene información sensible en la Carpeta Fiscal como la identidad del colaborador eficaz en el caso que se le sigue a la congresista Torres. Según el testimonio del colaborador, personas del entorno del exgobernador, incluida su hermana y candidata al senado Sonia Meléndez Celis, depositaron remesas de procedencia desconocida en la cuenta de la exasistente Rubio.
EL PROYECTO DE LEY
La motivación central del encuentro, según la publicación de Torres, fue la gestión del Proyecto de Ley 12591, de su autoría, presentado el 26 de septiembre de 2024, que busca reconocer y ordenar la situación laboral de los fiscales provisionales.
“En respuesta a esta problemática, destaqué la importancia del Proyecto de Ley N.º 12591, de mi autoría, que busca reconocer y ordenar la situación laboral de los fiscales provisionales, garantizando condiciones justas y fortaleciendo la institucionalidad del Ministerio Público”, sostuvo la congresista en su post.
Si bien Torres aclaró a los fiscales que su proyecto se financiaría con saldos de las partidas presupuestarias del año fiscal 2025, la propuesta fue remitida a la Comisión de Presupuesto, a cargo del congresista Alejandro Soto, quien lo encarpetó.
La propuesta de Torres no fue incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto Público, dado que las entidades del Estado tenían plazo para presentar sus requerimientos hasta el último día hábil de agosto.
La Ley de Presupuesto, aprobada el 20 de noviembre, asignó solo el 19% de lo requerido por el Ministerio Público, lo que motivó el malestar del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. “Solo nos conceden el 19% del presupuesto que se requiere. […] No existe voluntad política para atender las principales demandas”, remarcó Gálvez.
IDENTIFICADOS
Esta Redacción ha identificado previamente a un grupo de fiscales anticorrupción, que habrían blindado al exgobernador Meléndez, facilitando el archivamiento o permitiendo
prescripción de los delitos contemplados en las Carpetas Fiscales en su contra.
El inusual encuentro ha sido notificado a la Oficina de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Se ha tomado nota de la presencia de varios magistrados en la reunión sostuvo una fuente de dicha institución, entre ellos Rossana Shuña Viena, Marco
Pineda Rojas y Esther Alegría Castillo, quienes habrían tenido a cargo diversas carpetas contra el exgobernador Meléndez que, coincidentemente, fueron archivadas.
