Procesos por corrupción y pedido para borrar su rastro judicial.
Contratos millonarios y servicios precarios en la Amazonía.
Electro Oriente, empresa de FONAFE, hundida en sombras e impunidad.
El presidente del directorio de Electro Oriente, Magno García Torres, carga con expedientes penales por corrupción y un intento de borrar su rastro judicial, mientras la empresa estatal multiplica contratos cuestionados y mantiene a miles de usuarios de Loreto, San
Martín y Amazonas entre apagones y abandono.
En el corazón del sistema eléctrico amazónico, donde Electro Oriente S.A. debería garantizar energía confiable a Loreto, San Martín y Amazonas, se impone una figura polémica: Magno García Torres, actual presidente del directorio de la empresa estatal. Detrás del traje y los discursos institucionales, su nombre aparece ligado a procesos judiciales por delitos contra la administración pública y a una gestión marcada por contratos millonarios, servicios deficientes y comunidades a oscuras.
De acuerdo con los registros del Poder Judicial, García figura en los expedientes N.° 0347-2017 (Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria) y N.° 0750-2017 (Primer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio, ambos de naturaleza penal y vinculados a presuntos
actos de corrupción. En el expediente 0750-2017 se le asocia a un caso de colusión agravada y omisión de actos funcionales, donde una decisión judicial de no formalizar ni continuar la investigación levantó sospechas sobre una posible protección institucional a
favor de un funcionario con poder político y económico.
Paralelamente, en la Segunda Sala Penal de Apelaciones se programa la vista de causa por colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Loreto, donde aparecen otros
exfuncionarios y terceros vinculados. Según la Fiscalía, los hechos se remontan a 2015, cuando García habría tenido cargo en el gobierno regional y desde esa posición se habrían direccionado contratos y ejecutado actos colusorios que dañaron las arcas públicas.
A ello se suma un movimiento judicial inquietante: fuentes del sistema de justicia señalan que, tras ser excluido de un proceso principal, la defensa de García solicitó en junio de
2025 la anulación y eliminación de todo registro vinculado a su nombre en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) y en la consulta de expedientes. Bajo el argumento de “rehabilitación de imagen pública”, el pedido habría buscado borrar el rastro de procesos
penales aún relevantes, lo que especialistas interpretan como una grave injerencia de poder y un golpe a la transparencia.
Mientras tanto, la gestión de Electro Oriente bajo el paraguas de FONAFE arrastra una cadena de casos que apuntan a un patrón de presunta corrupción estructural: uniformes
entregados con años de atraso pese a casi un millón de soles comprometidos; millones gastados en Nauta en servicios y compras que no evitaron los apagones diarios; motores “nuevos” alquilados por cientos de miles de soles que colapsan en semanas; mantenimientos de vehículos que cuestan más que comprar camionetas cero kilómetros; y pasajes aéreos por montos superiores al millón de soles sin sustento claro de destinos ni beneficiarios.
En este escenario, contratos como el “soporte técnico especializado” por más de 700 mil soles y otros servicios inflados aparecen como cortinas tecnológicas y administrativas que
justifican el drenaje del dinero público mientras los usuarios siguen pagando por un servicio deficiente. El caso de Magno García y su red de decisiones en Electro Oriente se ha convertido en un espejo del deterioro institucional: poder, silencio e impunidad en la cúpula, y, abajo, pueblos enteros que siguen literalmente a oscuras.
El contrato informático de S/ 720 mil que nadie explica
El 25 de septiembre de 2025, Electro Oriente firmó el Contrato N.° G-79-2025 con la empresa JMB Technology S.A.C., por S/ 720,500 exonerados de IGV, bajo el rótulo de “Servicio Especializado de Soporte Técnico Informático para Electro Oriente S.A.”. El documento lleva la firma del gerente general, Ing. Osterman Bravo Valdivia, y del gerente comercial, y compromete pagos mensuales superiores a los 60 mil soles durante un año, sin que hasta hoy se conozcan con claridad los alcances, entregables o resultados concretos de ese servicio.
La ciudadanía y los propios trabajadores cuestionan que una empresa estatal bajo FONAFE, con redes en mal estado, cortes constantes y atención deficiente, destine cientos de miles de soles a un soporte informático de utilidad opaca y nula rendición pública. Mientras desde los despachos se firman contratos por S/ 720 mil, las familias de Loreto, San Martín y Amazonas siguen padeciendo apagones, pérdidas económicas y un servicio que nunca termina de encender la luz que les prometieron.
