La sentencia condenatoria impuesta al ex presidente Martín Vizcarra de 14 años de prisión por el cobro de coimas durante su accionar como Gobernador Regional de Moquegua, pudo evitarse de no ser por la deficiente labor de su defensa técnica incapaz de contrarrestar una acusación fiscal plagada por una falta de rigurosidad jurídica y probatoria. Ahora falta conocer la evaluación que se haga en segunda instancia.
A esta conclusión llegaron diversos analistas que criticaron la defensa ejercida por el abogado Erwin Siccha Pérez, “no ofreció una teoría alternativa frente a las acusaciones de la fiscalía, fallando en contradecir las evidencias en su contra y en establecer una duda razonable ante el tribunal” sostuvo el abogado penalista Feliciano Francia.
Para comprender lo sucedido hay que partir de que la defensa de Vizcarra se enfocó en cuestionar la acusación sin presentar una narrativa diferente de los hechos, no hubo refutación. No logró contradecir las pruebas aportadas por la fiscalía, que incluían testimonios de colaboradores eficaces y otros elementos probatorios. En esta situación la sentencia condenatoria estaba cantada, consideró el letrado.
La falta de profesionalismo por parte de la defensa de Vizcarra, cuando utilizó documentación falsa para acreditar el arraigo laboral frente al pedido de prisión preventiva durante la etapa de juzgamiento, es otro argumento en contra de la defensa técnica.
“Cuando alguien inventa documentos para engañar a la justicia ese es el peligro procesal más grave”, sostuvo el abogado César Nakasaki.
Toda la documentación presentada por la defensa de Vizcarra fue fraudulenta, cuando pretendió acreditar el arraigo laboral frente a la prisión preventiva.
Según el penalista esta situación habría orientado la conciencia de los magistrados para ordenar el cumplimiento efectivo de la prisión.
Los jueces entendieron que nada garantizaba la permanencia de Vizcarra en el país tras la sentencia condenatoria, concluyeron que había riesgo de fuga más aún al evaluar que la defensa no dudó en presentar documentos falsos para evadir el encarcelamiento preventivo.
El abogado Siccha Pérez hasta hace poco ejerció la defensa de Betsy Chavez Chino y no pudo evitar que le enviaran a prisión preventiva.
Antes fue secretario de confianza de una jueza provisional en la Corte Suprema de Justicia y su poca experiencia como abogado litigante probablemente le restó la idoneidad necesaria para asumir la defensa en una situación tan complicada como la del ex mandatario.
