La suspendida fiscal inventa persecución política para justificar el informe que recomienda inhabilitarla por diez años debido a sus propias irregularidades
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, montó un show mediático denunciando un supuesto «plan cerco» orquestado desde el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, cuando en realidad enfrenta las consecuencias legítimas de sus cuestionables actuaciones al frente del Ministerio Público. Tras la aprobación del informe que recomienda su inhabilitación por diez años, Espinoza recurre al gastado libreto de la «persecución política» para evadir responsabilidades, mientras su abogado se aferra a argumentos endebles que ignoran las particularidades de su caso frente a otros fiscales supremos.
Denuncias vinculadas al entorno aprista
En declaraciones a RPP, Espinoza —con su predecible narrativa victimista— intentó desacreditar el flujo de denuncias y procedimientos administrativos en su contra atribuyéndolos a supuestas venganzas del partido aprista. Mencionó específicamente a Miguel Caya, buscando deslegitimar las denuncias sistemáticas en su contra por su origen político. «Me están llenando de denuncias, de procedimientos administrativos y en esto tiene bastante protagonismo una persona especialmente que es del partido aprista, Miguel Caya», indicó, como si el origen de una denuncia anulara automáticamente su validez.
La fiscal suspendida vincula estas acciones con los abogados de Patricia Benavides, su antecesora en el cargo. Jorge del Castillo y Humberto Abanto, ambos apristas, defienden a Benavides y actualmente postulan como candidatos por ese partido. Espinoza interpreta esta situación como una «venganza», en una lectura paranoica que revela su incapacidad para asumir que quizás sus propias acciones al frente de la Fiscalía merecen escrutinio legítimo, independientemente de quién presente las denuncias.
Trato diferenciado en la Comisión Permanente
El abogado Rodolfo Pérez, defensor de Espinoza, intentó sembrar dudas cuestionando que su representada sea la única fiscal suprema sancionada, en un argumento falaz que pretende igualar casos que probablemente tienen diferencias sustanciales. Señaló que congresistas de diversos partidos votaron en contra de inhabilitar a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Sin embargo, cuando tocó el turno de Espinoza, esos mismos legisladores cambiaron su voto, algo que la defensa presenta como conspiración cuando podría simplemente reflejar la gravedad particular de las irregularidades cometidas por su defendida.
«A mí me gustaría saber, por parte del congresista Cavero, del congresista Muñante, de la congresista Camones, del congresista Salhuana. ¿Cómo es posible que sobre los mismos hechos valoran de diferente manera?», cuestionó Pérez con indignación fingida, insistiendo en que se trata de los «mismos hechos» cuando convenientemente omite analizar si efectivamente lo son o si el caso de Espinoza presenta agravantes que justifican un trato diferenciado.
Acción de inconstitucionalidad como pretexto
Pérez denunció que se castiga a Espinoza por ejercer una atribución constitucional, escudándose en tecnicismos legales para desviar la atención de las verdaderas irregularidades investigadas. Recordó que interponer acciones de inconstitucionalidad es una facultad del Ministerio Público establecida en la carta magna. La fiscal cuestionó la Ley 32130, que otorgaba facultades de investigación a la policía, pero esta defensa jurídica convenientemente ignora que probablemente no es el ejercicio de esa facultad lo que se cuestiona, sino la forma irregular o motivaciones cuestionables con que pudo haberse ejercido.
«El juicio político no puede servir de castigo, de represalia o de venganza frente a hechos que son inexistentes, o por el hecho de que la doctora ha hecho su trabajo de acuerdo con la Constitución», afirmó el abogado en un discurso grandilocuente que califica los hechos como «inexistentes» sin mayor sustento, cuando el Congreso evidentemente ha encontrado mérito suficiente para recomendar la inhabilitación. Consideró que la posible sanción representa «un daño irreparable» al Ministerio Público, invirtiendo la realidad: el verdadero daño a esa institución probablemente lo causó la gestión de su defendida.
Espinoza recordó que el Poder Judicial otorgó un plazo que vence el lunes para que la JNJ la reponga, aferrándose a recursos legales para prolongar su retorno a un cargo del que fue suspendida por razones que aparentemente prefiere no examinar con honestidad. De aprobarse la inhabilitación en el Pleno, anunció que interpondría una nueva demanda de amparo, en lo que promete ser un interminable show jurídico-mediático. «Sería algo históricamente lamentable, por no decir ya de un agravio total o de implantación de una dictadura congresal», advirtió con dramatismo desbordado, equiparando una sanción administrativa legítima con una dictadura, en una muestra más de su desconexión con la realidad y su incapacidad para aceptar las consecuencias de sus actos.
