Después de la votación abrumadora en comisión, el futuro de la ex fiscal de la nación está echado. En los próximos días, el pleno del Congreso votará su inhabilitación por diez años para ejercer función pública.
Juez Torres Tasso le da dos días a la JNJ para que la reponga como Fiscal de la Nación, pero la Junta Nacional de Justicia no cumplirá. El sistema de justicia ha colapsado.
En una sesión clave de la Comisión Permanente del Congreso de la República, realizada este martes 25 de noviembre de 2025, se aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela por un periodo de diez años para ejercer cargos públicos, al haber sido acusada de infracción de los artículos 159, 38, 103, 109 y 166 de la
Constitución.
La denuncia contra Espinoza se basa en que, como fiscal de la Nación (o en funciones conexas), habría suscrito una directiva (o participado en decisiones) que contravendría la Ley N.º 32130 — norma que fortalece la función investigadora de la Policía Nacional del Perú (PNP), al haber asignado investigaciones preliminares a la fiscalía cuando correspondería a la PNP, según los acusadores.
En la votación, la Comisión Permanente alcanzó los votos necesarios sólo para el
caso de Espinoza. En los otros tres fiscales supremos investigados — Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos — no se logró el quórum favorable ni la mayoría suficiente para aprobar sus informes de inhabilitación.
El siguiente paso es que el informe aprobado sea elevado al pleno del Congreso, donde deberá votarse con mayoría calificada (dos tercios del número de congresistas que no pertenecen a la Comisión Permanente) para consumar la inhabilitación.
REACCIÓN DE
DELIA ESPINOZA
“Realmente es una ilegalidad, una inconstitucionalidad, un atropello. Más evidente no puede ser. Miren cómo han votado. Es un caso en el que yo no he tenido ninguna participación, todo está en los documentos que se han entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.” “Lo que están haciendo es consumar una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo con objetividad, arreglo a la ley y Constitución. No me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos.”
Espinoza adelantó que hará uso del derecho a la defensa cuando su caso sea abordado en el pleno del Congreso, y calificó el proceso como un «golpe al principio de independencia
del Ministerio Público». ¿Por qué solo Espinoza fue aprobada para inhabilitación y no los otros tres fiscales supremos?
• El informe de la SAC incluía la propuesta de inhabilitación por diez años también para Villena, Sánchez y Ávalos, todos señalados por igual presunta vulneración
de la Ley 32130 mediante la aprobación del reglamento interno de investigaciones preliminares.
• Sin embargo, en la votación de la Comisión Permanente, los otros tres obtuvieron un número de votos muy inferior, con muchas abstenciones: por ejemplo, el caso de
Zoraida Ávalos recibió sólo 2 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones.
• Ello explica que únicamente el caso de Espinoza alcanzara la mayoría necesaria para ser aprobado.
• También se interpreta políticamente como que la bancada mayoritaria y sus aliados focalizaron la sanción en Espinoza, posiblemente por su rol como titular de la fiscalía y por las denuncias que ella impulsó contra legisladores, lo que añade una dimensión de confrontación político-institucional.
PRÓXIMOS PASOS
El pleno del Congreso debe convocarse para votar este caso. Para que la inhabilitación sea definitiva se requiere una mayoría calificada de al menos dos tercios de los congresistas que participen, descontando los miembros de la Comisión Permanente.
El momento exacto de la votación aún no ha sido programado públicamente, pero se espera que se realice en los próximos días o semanas debido a la urgencia institucional que implica sancionar a una fiscal suprema en ejercicio o en suspensión.
JUEZ DA DOS DÍAS
DE PLAZO A LA JNJ
Paralelamente al proceso en el Congreso por la inhabilitación de Delia Espinoza, se generó una nueva tensión en el ámbito judicial: el juez constitucional Juan Fidel Torres Tasso ordenó a la JNJ dar cumplimiento en un plazo de dos días a la resolución que repone a
Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, al haber admitido una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución de suspensión.
Esta orden choca directamente con el avance del Informe de la Comisión que propone su inhabilitación: mientras el Congreso analiza sancionarla por infracción constitucional, la justicia dispone su restitución al cargo.
Por un lado, el Congreso puede aprobar la inhabilitación —lo que la apartaría de cualquier función pública por el período que se establezca—; por otro, la JNJ está
obligada, según la medida judicial, a reponerla en el cargo de fiscal de la Nación.
Esto crea un escenario de conflicto de poderes: la sanción política/legislativa frente al reintegro judicial/ administrativo.
Este choque institucional tiene varias implicancias:
• Si el pleno del Congreso aprueba la inhabilitación, esta decisión podría superponerse al reintegro ordenado judicialmente, generando un pulso entre Legislativo y Judicial/Fiscalía.
• La orden de reposición también plantea que, en lo inmediato, la JNJ podría verse obligada a reactivar funciones de Espinoza antes de que la inhabilitación tenga efecto.
• Además, la censura institucional —legislativa o disciplinaria— frente a decisiones del Poder Judicial alimenta la percepción de debilitamiento del Estado de Derecho y de independencia de la Fiscalía.
Esta decisión marca un hito relevante en la crisis institucional que vive el Perú, donde el equilibro entre poderes (fiscalía, judicial, legislativo) vuelve a tensionarse al escenario público. La sanción —o su eventual rechazo en el pleno— tendrá implicancias tanto para la independencia del Ministerio Público como para la estabilidad de los mecanismos de control político. Lo cierto es que Delia Espinoza está pagando las consecuencias de usar su poder como Fiscal de la Nación para abrir procesos a políticos, en algunos casos con razón y en la mayoría de manera ilegal.
