Las principales instituciones públicas y la propia idea de institucionalidad se deterioran aceleradamente, alimentando un clima de irrespeto a la ley y debilitando la gobernabilidad democrática.
El deterioro de las instituciones públicas peruanas avanza sin freno. Cada día surgen noticias de menosprecio a las leyes desde las mismas entidades estatales. El problema no se reduce al desacato según conveniencias políticas. La anomia, ese estado de ausencia de normas sociales que genera desorientación colectiva, se instala en el país. El Estado requiere una respuesta inmediata para evitar que el caos y la anarquía destruyan la gobernabilidad y la democracia.
La justicia como síntoma de un mal mayor
Lo que ocurre con la administración de justicia no es una simple controversia. Se trata de un problema grave que evidencia el rumbo equivocado del país. El menosprecio por la institucionalidad y la separación de poderes se convierte en norma. Esto representa un deterioro directo del Estado de derecho y una desestimación progresiva de la democracia.
Un aparato estatal fracturado
El Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo operan sin coordinación efectiva. Surgen constantemente demandas de amparo, medidas cautelares, alegatos encontrados, arengas políticas y procesos judiciales resonantes. Todos estos recursos legales aparecen como instrumentos para generar zozobra institucional y servir a intereses personales o sectoriales.
No existe una institución rectora capaz de poner orden. Mientras imperan el caos institucional y la anomia, el crimen, el desorden y la impunidad imponen sus condiciones con mayor fuerza. La criminalidad, la delincuencia callejera, la corrupción y la violencia son los verdaderos problemas que deberían preocupar a las autoridades.
Instituciones convertidas en armas políticas
Las instituciones públicas abandonan sus objetivos originales y se transforman en armas políticas. Sus funciones se reescriben para actuar contra adversarios políticos. Se subvierten sus roles para perseguir a quienes discrepan. Se rechazan las reglas democráticas, se niega legitimidad a los oponentes y se interfiere en las labores de otras entidades. Cualquier mecanismo legal se usa de forma antojadiza para desautorizar instituciones y funcionarios.
La institucionalidad peruana es frágil y desarticulada. Las instituciones no tienen capacidad para dar respuestas contundentes. Cuando reaccionan, lo hacen de manera débil, tardía y ambivalente. Carecen de la fuerza y liderazgo necesarios para imponer el orden que el país necesita.
