Por Toto de la Torre Ugarte
En el Perú, donde la resignación parece rutina, el Indecopi reveló un cártel integrado por trece empresas y cinco ejecutivos. Durante más de una década manipularon licitaciones públicas con precisión clandestina. Un ajedrez amañado que funcionó sin sobresaltos bajo las narices del Estado.
La resolución podría parecer un documento técnico, pero esconde una trama inquietante: compañías coordinando abstenciones y ofertas como conspiradores profesionales. Ejecutivos que evitaban correos y reuniones para no dejar huellas. Un lenguaje críptico que delata -una vez más- una organización “criminal” habituada al sigilo.
Entre 2006 y 2020 estas empresas se repartieron, licitación tras licitación, el botín de medicamentos esenciales para hospitales públicos, perjudicando a la población más vulnerable del país. Desde cloruro de sodio y antibióticos hasta antineoplásicos e inmunosupresores. No eran lujos: eran insumos de supervivencia para un sistema ya precario.
Indecopi impuso multas por más de S/ 539 millones a las compañías y más de S/ 1.4 millones a sus ejecutivos. Pero lo más perturbador es la coreografía secreta: archivos ocultos, reuniones bilaterales, conversaciones cifradas. No competían ni servían al Estado: lo exprimían con paciencia calculada.
El informe técnico permite imaginar una mesa oscura donde los laboratorios -Lansier, Medifarma, Teva y otros- se reparten cuotas y silencios. Uno se retira de una licitación, otro infla un precio, todos miran hacia otro lado. Nadie rompe el pacto, nadie cuestiona el juego. Faenones.
Podrá alegarse complejidad del mercado o burocracia opresiva, pero nada atenúa la gravedad de este acuerdo “criminal”. Encarecieron tratamientos, redujeron alternativas y drenaron recursos urgentes para pacientes de todo el país. La colusión profundizó la vulnerabilidad de un sistema ya exhausto.
La Comisión ordenó programas de cumplimiento por cinco años, aunque la decisión será apelada y recorrerá el lento camino administrativo y judicial. Ese tránsito definirá si el Estado puede realmente corregir y sancionar. Y si podrá impedir que esta historia, vieja y repetida, se renueve.
Lo ocurrido recuerda que la salud pública, piedra angular del desarrollo de un país, depende también de la integridad detrás de los escritorios donde se cierran compras millonarias. No solo de médicos y enfermeras, sino de funcionarios capaces de resistir la tentación y la trampa. Allí también se juega la vida del país.
Ojalá este destape no sea solo un relámpago. Los cárteles no se disuelven por decreto, sino cuando la vigilancia deja de dormirse. Se alimentan de costumbres y silencios; esta vez, al menos, la luz los ha alcanzado.
Tras minuciosa investigación, la Comisión valoró archivos y correos electrónicos, chats y conversaciones telefónicas, declaraciones y documentos de 23 licitaciones investigadas del Ministerio de Salud y EsSalud.
En el extremo, empresas corruptas usaron un lenguaje críptico exclusivo y emplearon sobrenombres con la finalidad de esconder su identidad, conductas anticompetivas completamente dañinas.
