La medida busca evitar concentraciones políticas en el espacio público y proteger el patrimonio, según informó el alcalde Renzo Reggiardo
La Municipalidad de Lima declaró este viernes 14 de noviembre la intangibilidad de la Plaza San Martín frente a las movilizaciones convocadas por sectores de la denominada ‘Generación Z’ y diversos gremios sociales. El alcalde Renzo Reggiardo justificó la decisión como una medida para proteger el patrimonio y evitar manifestaciones políticas en el centro histórico.
Restricciones a la protesta en espacios públicos
Reggiardo explicó que la intangibilidad busca impedir reuniones con fines políticos en la plaza. «Para evitar conglomeración ahí, para evitar que se reúnan, que haya grupos que hagan, sobre todo, manifestaciones de carácter político», señaló el burgomaestre. Agregó que la Policía Nacional ha implementado dispositivos de seguridad en cumplimiento de este marco legal.
La autoridad municipal presentó el plan operativo junto con representantes policiales en el distrito del Rímac. El dispositivo de seguridad contempla el uso de más de 700 cámaras de vigilancia para monitorear las actividades en la zona.
Antecedentes: petición tras violencia en marchas de octubre
Esta decisión se enmarca en un pedido previo del alcalde al presidente José Jerí. Tras los episodios de violencia registrados durante las marchas de octubre, Reggiardo solicitó formalmente cerrar el Centro Histórico a manifestaciones políticas y sociales.
La petición se basa en una ordenanza municipal vigente que declara esta zona como intangible. Sin embargo, la medida genera interrogantes sobre el ejercicio del derecho a la protesta en espacios públicos emblemáticos de la capital.
La aplicación de esta intangibilidad representa una restricción concreta al uso de uno de los principales escenarios históricos donde tradicionalmente se han desarrollado manifestaciones ciudadanas. La Plaza San Martín ha sido durante décadas un punto de encuentro para diversas expresiones políticas y sociales. Ahora, la autoridad municipal establece límites a estas concentraciones bajo argumentos de protección patrimonial y orden público.
