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DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICÓ SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ZONAS AFECTADAS POR EL DERRAME DE PETRÓLEO DE 2022

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  • Se tomaron muestras de agua y sedimentos en zonas de difícil acceso del litoral de Ventanilla y Santa Rosa.
    La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para el Medio Ambiente y Cambio Climático, verificó una supervisión interinstitucional en el litoral de Ventanilla (Callao) y Santa Rosa (Lima), zonas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022, considerado el desastre ambiental más grave en la historia del país.
    El objetivo de la acción fue constatar el estado actual de los ecosistemas marinos y costeros, especialmente en sectores de difícil acceso. En la jornada participaron el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú.
    Durante la supervisión, el equipo técnico del OEFA tomó muestras de agua y sedimentos en tres puntos estratégicos del litoral —los acantilados de Ventanilla y Santa Rosa, y la playa Carachozo— con el fin de determinar la presencia de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).
    Asimismo, se observó una alta acumulación de residuos sólidos, plásticos y microplásticos, lo que evidencia un problema ambiental persistente relacionado con el inadecuado manejo de desechos. Los resultados de los análisis serán remitidos a las entidades competentes para su evaluación y seguimiento.
    Las instituciones acordaron realizar una supervisión complementaria por vía terrestre en los próximos días, con el fin de monitorear el estado de las playas antes del inicio de la temporada de verano.
    La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de promover la articulación interinstitucional para garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano y seguro, e instó a las autoridades a fortalecer las acciones de prevención, fiscalización y remediación ambiental en las áreas impactadas por el derrame de petróleo.