El presidente se reunió con el gremio en Acho y anunció una estrategia diferente contra la inseguridad, mientras la Policía bloquea caravanas y despliega buses gratuitos para paliar la paralización
Lima amaneció este martes 4 de noviembre con una nueva paralización del transporte público. El gremio exige acciones concretas contra la extorsión y los asesinatos que han cobrado 28 vidas en apenas 15 días, según el SINADEF. La protesta ocurre pese al estado de emergencia decretado el 22 de octubre por el presidente José Jerí, que incluyó el despliegue de policías y militares en las calles.
Jerí busca el diálogo directo en zona de protesta
El presidente José Jerí se trasladó esta mañana hasta Acho, en el Rímac, para reunirse cara a cara con los transportistas movilizados. Lo acompañaron el jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, y otros ministros de Estado. Durante el encuentro, Jerí reconoció la histórica incapacidad del Estado para combatir la inseguridad. «El error de uno, no tiene que ser el error de todos», sentenció el mandatario. Con esta frase, marcó distancia de los gobiernos anteriores que fracasaron en articular estrategias efectivas contra la delincuencia que hoy atormenta al sector.
La visita presidencial ocurrió luego de que Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, denunciara el incumplimiento de acuerdos previos con la Policía Nacional del Perú. Según Ojeda, pese a las coordinaciones, las autoridades impiden la movilización pacífica del gremio. El vocero enfatizó que el paro responde al clamor por los conductores fallecidos y las amenazas constantes de bandas extorsionadoras.
Policía bloquea caravanas y despliega buses de contingencia
La jornada estuvo marcada por la contradicción. Mientras Jerí dialogaba en Acho, efectivos de las comisarías de Collique y Santa Isabel interceptaron una caravana de más de veinte buses en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y San Felipe, límite entre Comas y Carabayllo. Las unidades de las empresas Nueva América y Evipusa quedaron varadas. Los conductores manifestaron su indignación y señalaron que solo querían avanzar pacíficamente para exigir seguridad.
Simultáneamente, la Policía Nacional activó un plan de contingencia. Desplegó 21 buses para trasladar gratuitamente a los ciudadanos en puntos críticos como Puente Nuevo, en El Agustino. Cada unidad movilizó aproximadamente 80 personas. El general Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, confirmó que el servicio se extenderá a la zona norte. También informó que la PNP coordina con la Autoridad de Transporte Urbano para garantizar buses hacia Acho y restablecer la fluidez en el centro de Lima.
La ATU garantizó que sus servicios regulados operan al 100%: Metropolitano, Corredores Complementarios, Línea 1 y Línea 2 del Metro funcionan normalmente. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales y ordenó modalidad virtual. Por su parte, el Ministerio de Trabajo estableció dos horas de tolerancia para el ingreso laboral, sin considerar la demora como tardanza. EsSalud habilitó la reprogramación de citas médicas a través de su línea telefónica 411-8000.
