Un escándalo que la denunciada Eva Arias esté representando a la minería del país en el próximo CADE
Minera Poderosa en la mira: acusan a su cúpula de organización criminal, homicidio y tráfico de explosivos
En un hecho sin precedentes, la Asociación Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD presentó ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal de alto impacto contra la Compañía Minera Poderosa S.A. y su presidenta ejecutiva Eva Evangelina Arias de Sologuren, por delitos que, de comprobarse, podrían marcar uno de los mayores escándalos corporativos en la historia reciente
del país.
El documento acusa a la minera —una de las más influyentes del sector aurífero nacional— de operar como un “aparato organizado de poder”, presuntamente vinculado a una red criminal que habría desviado explosivos y armas de guerra hacia grupos ilegales en la provincia de Pataz (La Libertad), donde se han registrado asesinatos, secuestros y atentados con explosivos.
DEL ORO AL CRIMEN.
Según la denuncia, Minera Poderosa habría incurrido en organización criminal, homicidio calificado, sicariato, extorsión, suministro ilegal de materiales explosivos y minería ilegal agravada, delitos contemplados en el Código Penal peruano con penas que incluyen cadena
perpetua.
Las pruebas presentadas incluyen videos, testimonios de extrabajadores, informes de OEFA y SUCAMEC, así como registros de desvío de explosivos industriales, coincidencia de vehículos sin placas en zonas mineras, y movilización de personal armado sin autorización en los alrededores de sus concesiones . Los denunciantes sostienen que Minera Poderosa habría perdido el control o incluso facilitado el desvío de dinamita y ANFO —material
explosivo de uso exclusivo controlado por el Estado— hacia campamentos ilegales.
Estos mismos materiales fueron luego usados en atentados con explosivos en Trujillo, como los del 4 de septiembre de 2025 en la urbanización
Las Quintanas, que dejaron 11 heridos y más de 70 viviendas afectadas.
CRÍMENES CON ROSTRO
EMPRESARIAL
La denuncia apunta directamente a Eva Evangelina Arias, presidenta del directorio y líder del grupo familiar Arias, como cabecilla de la estructura criminal, junto al gerente general Marcelo Santillana Salas, el gerente financiero José Elejalde Noya y el gerente de operaciones
Daniel Torres Espinoza.
La ironía —y el escándalo— estallan cuando se revela que Eva Arias habría sido designada para representar al gremio de los mineros en el próximo CADE, evento promovido por el propio Estado y grupos empresariales. “Es una burla al país y una ofensa a los trabajadores que han perdido la vida en Pataz”, señalan desde la Asociación EQUIDAD, que exige una investigación inmediata y sin privilegios.
“¿Cómo es posible que alguien denunciada por homicidio y tráfico de explosivos represente a los mineros del Perú?”, cuestionan.
ATENTADOS, MUERTOS Y
SILENCIO OFICIAL
Entre los hechos más estremecedores citados, figura la masacre de 13 trabajadores contratistas en Pataz, el 4 de mayo de 2025, quienes —según la denuncia— habrían sido secuestrados y asesinados brutalmente tras cumplir labores para Minera Poderosa .
Además, se registran ataques explosivos a viviendas, sedes del Ministerio Público y empresas privadas, vinculados a redes criminales que, según las investigaciones preliminares, habrían recibido apoyo logístico desde el entorno empresarial de la minera.
Pese a la gravedad de los hechos, el Ministerio de Energía y Minas y SUCAMEC aún no se han pronunciado públicamente sobre la denuncia ni sobre el posible desvío de explosivos industriales autorizados a Poderosa.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado de La Libertad mantiene bajo investigación varios atentados, pero hasta la fecha ningún alto directivo de la minera ha sido citado a declarar.
UN LLAMADO URGENTE A
LA JUSTICIA
El escrito concluye solicitando al Ministerio Público la apertura inmediata de diligencias preliminares, el allanamiento de oficinas, la incautación de documentos contables y logísticos, y una pericia balística y química forense de los explosivos usados en los atentados. Además, se pide aplicar lo dispuesto por el Código Penal, que permite la disolución o suspensión de actividades de personas jurídicas que operen como vehículos delictivos.
El caso golpea el corazón del poder económico del país y abre una grieta en el discurso de legalidad del sector minero formal. Mientras tanto, las víctimas —familias de los mineros asesinados, desplazados y extorsionados— esperan justicia. Y la pregunta queda flotando, cargada de indignación: ¿Hasta cuándo el oro seguirá manchado con sangre y silencio?
