Más de 900 agentes realizaron inspecciones simultáneas en todo el país para desarticular redes de extorsión y crimen organizado que operan desde las cárceles
El Gobierno ordenó este jueves un operativo sin precedentes en el sistema penitenciario peruano. La medida busca cortar de raíz las operaciones criminales que se gestionan desde las celdas, donde algunos reclusos mantienen comunicación con bandas delictivas en las calles. Las inspecciones revelaron que varios internos disfrutaban de comodidades prohibidas y coordinaban extorsiones con plena libertad.
Revisión celda por celda en 68 establecimientos
El megaoperativo arrancó a las 22:00 horas del jueves 30 de octubre por orden del presidente José Jerí. Iván Paredes Yataco, titular del INPE, desplegó más de 900 agentes penitenciarios en los 68 penales del país. Los equipos inspeccionaron cada celda, cocina, baño y espacio común de los recintos.
Los resultados expusieron la gravedad del problema. Los agentes decomisaron celulares, accesorios tecnológicos, bolsas de pasta básica de cocaína, armas punzocortantes y parlantes. También desmantelaron todas las instalaciones eléctricas ilegales en las celdas. Estas conexiones clandestinas permitían a los reclusos cargar dispositivos y mantener activas sus redes criminales.
Del lujo carcelario al confinamiento estricto
Paredes Yataco explicó que estos operativos ya se ejecutan con regularidad en Lima Metropolitana. Ahora el INPE intensifica las intervenciones en provincias. «Estamos enfocados en erradicar todo acto ilícito que suceda en los penales y atente contra la seguridad ciudadana. Hacemos revisiones exhaustivas pero también estamos avanzando con el apagón eléctrico», declaró el funcionario.
El presidente del INPE advirtió que los internos involucrados en actividades ilícitas enfrentarán traslados inmediatos. Irán a penales de máxima seguridad como el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao (CEREC), alejados de su entorno y bajo vigilancia reforzada.
Esta acción forma parte de las medidas del Estado de Emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao. El operativo evidencia que muchos reclusos controlaban negocios criminales desde prisión con recursos que nunca debieron ingresar a los penales.
