Martínez Talavera acusa a la expresidenta y dos exministros de colusión por aprobar adenda que extiende por 30 años más la concesión portuaria del Matarani a favor de Terminal Internacional del Sur S.A.
El congresista Pedro Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, el exministro de Transportes César Sandoval Pozo y el exministro de Economía Raúl Pérez-Reyes Espejo por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. La acusación busca que los denunciados sean inhabilitados por 10 años para ejercer función pública y que el caso sea remitido a la Fiscalía de la Nación.
La adenda que duplica la concesión
Los hechos denunciados ocurrieron el 4 de octubre de 2025. Ese día, Boluarte aprobó el Decreto Supremo 015-2025-MTC que autorizó la Adenda 5 del Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Matarani. La adenda extiende la concesión por 30 años adicionales a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. Esta extensión duplica el plazo original del contrato, que vencería en 2029.
Martínez Talavera califica la decisión como «ilícita, ilegítima e indebida» porque se aprobó antes del vencimiento del contrato vigente. El congresista sostiene que los funcionarios usaron fraudulentamente sus atribuciones para renovar la concesión sin realizar un concurso público.
Violación a la libre competencia
La denuncia señala que esta decisión impide la libre competencia entre agentes económicos. «Han dispuesto la renovación de un contrato de concesión suscrito para la duración inicial de tres décadas; duplicando su duración de manera previa a su vencimiento, evadiendo la necesaria e indispensable realización de concurso público para la selección de un nuevo concesionario», afirma el documento.
El legislador fundamenta su acusación en la presunta infracción de los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución. Estos artículos establecen las normas del régimen de Economía Social de Mercado y la obligación del Estado de facilitar y vigilar la libre competencia.
Según el congresista, la extensión se realizó «sin que exista ninguna justificación mínimamente razonable» y concedió un «dominio absoluto y desregulado» sobre la actividad económica del puerto a un ente privado. La denuncia sostiene que los funcionarios carecieron de una adecuada valoración del interés público y actuaron «atentando directamente contra la libre competencia en la contratación pública».
